Salarios, subsidios y crisis: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el paro de colectivos quedó en pausa

Tras horas de incertidumbre que pronosticaban un viernes sin colectivos, el Gobierno nacional a través de la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria durante 15 días con el fin de evitar el paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que iba a ser de 24 horas de acuerdo al comunicado oficial en donde anunciaron la medida. La crisis del sector se refleja en que las cámaras empresarias apoyan el reclamo salarial y gremial, pero aseguran que no tienen los fondos como para garantizarlo.  

"La conciliación, dispuesta conforme a la normativa vigente, tiene como objetivo garantizar la prestación del servicio público de transporte y preservar el diálogo entre las partes. De esta manera, se insta a los representantes gremiales y empresariales a retomar las negociaciones en un marco de legalidad y respeto", aseguró el Gobierno en un comunicado.

El pedido de conciliación obligatoria llegó por parte de tres de las cuatro cámaras empresariales del sector: la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA).

La crisis del sector del transporte público se consolidó durante un 2024 en el que no se contemplaron los aumentos salariales de los choferes, en los reajustes de subsidios que se hicieron, en los cuales los empresarios lograron hasta una mejora del 17% en sus números, aunque esta fue en julio. A su vez, las ayudas gubernamentales reflejan un 70% de los ingresos del rubro, lo que expone la dependencia estatal que tiene el servicio.

Por esta realidad es que las cámaras empresariales reconocen la legitimidad del reclamo. En ese sentido, le demandaron a las autoridades una actualización del precio del  boleto, como el 10% que el jefe de Gobierno Jorge Macri autorizó cuando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tomó el control de 31 líneas que operan exclusivamente en el distrito. El estimativo que calculó AAETA es que el boleto en febrero, si no hubiera subisidios, debería estar en 1.600 pesos, cuando el mínimo que se abona es de 371.

La convocatoria al paro había nacido de una real necesidad de recomposición salarial, aunque en la comunicación del gremio no se notaba el convencimiento necesario para garantizarlo, más allá de la conciencia acerca de una posible conciliación obligatoria. "La medida de acción sindical se realiza ante la intransigencia empresaria expresada, a quienes no les interesa dejar a 9 millones de pasajeros varados. Nuestros empleadores no pueden ni deben desentenderse de su responsabilidad", expresaron en el comunicado del 21 de marzo.

Es un hecho que no se puede estar de los dos lados del mostrador. Debería ser tarea de las cámaras empresariales reclamar ante el Estado los fondos necesarios para operar, mientras que el gremio debería concentrarse en recuperar el poder adquisitivo de los salarios de los colectiveros. Que se junten ambos a dar la discusión refleja la crisis del sector, aunque también la falta de independencia política de un gremio que se hermana con los empresarios en desmedro de sus representados.