28 Agosto de 2015 03:48
Caratulazo en las causas Nisman. Mientras que esta mañana la sala VI de la Cámara del Crimen definirá si la causa que investiga la muerte del fiscal vuelve a manos de la jueza Fabiana Palmaghini, el fiscal Juan Pedro Zoni también movió sus piezas en la denuncia que el Gobierno radicó contra el entorno del difunto: solicitó embargos por 80 millones de pesos y la declaración indagatoria de la familia y de Diego Lagomarsino.
La fiscal Fein sigue de licencia y la querella quiere que la investigación regrese a manos de la jueza.
El primer movimiento en los expedientes responde a un pedido elaborado por la querella, que representa a las hijas de Nisman, tendiente a que la investigación regrese a manos de Palmaghini. ¿El motivo? Un nuevo pedido de licencia de la fiscal Viviana Fein, que ya lleva dos semanas alejada de la causa.
La querella quiere que Lagomarsino, imputado sólo por sumistro de arma, sea investigado como partícipe.
El pedido, supervisado por la ex mujer de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, se ampara en el artículo 196 bis del Código Procesal Penal y, además, insta a la fiscalía a encrudecer su arremetida contra Lagomarsino, imputado sólo por haberle suministrado al fiscal la pistola Bersa calibre 22. La querella espera que la causa abra otra línea de investigación con él como posible actor participativo en la muerte.
Embargos y declaraciones
En tanto, la denuncia del Gobierno contra la familia de Nisman y Diego Lagomarsino también presentó avances. El juez que lleva adelante la investigación, solicitó ayer las declaraciones indagatorias de la madre y la hermana del fallecido, Sara Garfunkel y Sandra Nisman. Además, sumó al perito informático que trabajaba con él y la del empresario Claudio Picón, quien le cedió una camioneta.
Además, Zoni solicitó embargos sobre los bienes de los imputados para cubrir 80 millones de pesos. La cifra se calculó, después de que la fiscalía revelara que cree que la maniobra evasiva del fiscal y su entorno fue por un total de 10.428.483 pesos.
La causa por violación de normas bancarias y lavado de dinero se abrió luego de la muerte de Nisman y fue impulsada por la Unidad de Información Financiera. El pedido será analizado ahora por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien en 2004 había delegado en Nisman la instrucción de la causa por el atentado contra la AMIA.
