por Rafael Saralegui
20 Noviembre de 2019 17:11
Y se consumó nomás la afrenta en el Día de la Soberanía Nacional. La Justicia autorizó que se concrete hoy un nuevo vuelo hacia las Islas Malvinas, luego de que el gobierno del presidente saliente Mauricio Macri accedió al pedido de Gran Bretaña para abrir una nueva ruta aérea hacia el archipiélago que provocó una guerra en 1982. La ruta es operada por la empresa brasileña Latam. Los vuelos parten del aeropuerto de San Pablo, realizan una escala en Córdoba y terminan en Puerto Argentino.
La abogada Valeria Carreras denunció hace dos meses a Macri y a otros funcionarios de su gobierno por haber dado carácter de convenio a un comunicado firmado entre las cancillerías de Argentina e Inglaterra en 2016, que dio curso a nuevos permisos de pesca, exploración de hidrocarburos en el mar austral y un nuevo vínculo por aire, como reclamaban los ingleses. Todo a cambio de nada y sin haber pasado por el control del Congreso.
La semana pasada el fiscal Di Lello impulsó la acción penal y le pidió al juez federal Luis Rodríguez una serie de medidas de prueba. Por eso hasta última hora del martes 19 se esperaba una definición del juez, ya que el fiscal le había pedido que suspendiera el nuevo vuelo. A última hora, Rodríguez rechazó un recurso que había presentado Carreras y dio vía libre al nuevo vuelo, que se suma a una que se hace dos veces por mes con salida desde Chile y escala en Río Gallegos, tras un convenio firmado durante la presidencia de Carlos Menem, en 1999, en pleno período de “seducción”, impulsado por el fallecido canciller Guido Di Tella.
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Pero el nuevo vuelo despegó complicado. En el aeropuerto de Pajas Blancas, en la capital cordobesa, hubo una protesta de empleados de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA) y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) con una asamblea en el lugar que demoró la partido de Boeing 767 de Latam que había salido del aeropuerto de Guarulhos y que tenía prevista una escala de una hora y 25 minuto antes de volver a despegar hacia Mount Pleasant, su destino final.
“Estamos repudiando porque hay una pérdida de la soberanía, justo en el Día de la Soberanía. La posición de APA es en contra de las políticas aeronáuticas implementadas por este gobierno”, dijo en declaraciones a la radio Cadena 3 el secretario gremial de APA, Gustavo Fernández. “Estamos haciendo un recorrido por los halls del Aeropuerto Córdoba para comunicar que no estamos en contra de la empresa, de los empleados ni de los pasajeros”, agregó.
Perdida de soberanía
En su dictamen el fiscal Di Lello sostuvo que el acuerdo firmado “por el Vicecanciller de la República Argentina, Carlos Foradori y el Señor Ministro de Estado para Europa, y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth británica del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Señor Alan Duncan, revestiría características propias de un tratado ya que se acordaron parámetros de actuaciones conjunta respecto del Atlántico Sur”.
Dijo también que se resolvió “adoptar medidas apropiadas para remover 'todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos...', enfatizando los beneficios de la cooperación mutua. Asimismo acordaron que serían establecidas conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países”. Y al pedir la suspensión del vuelo opinó que “el Poder Ejecutivo no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con el Reino Unido de Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso y los que ya efectuara deberán ser sujeto a investigación en los términos antes aludidos”.
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La ex diputada y embajadora Alicia Castro declaró ayer mismo como testigo ante el fiscal Di Lello y sostuvo que “me consta por mis reuniones mantenidas en el Foreing Office como ex embajadora en dicho territorio [Reino Unido], que el acuerdo mencionado plasma la ambición británica y afianza la presencia del usurpador en el Atlántico Sur”.También acompañó una carta de la ex primer ministra Theresa May dirigida al presidente saliente Macri de fecha 02 de agosto de 2016 en idioma inglés, “en la que expresamente manifiesta su interés de tener nuevos vuelos entre las 'Falkland islands' y terceros países de la región, como así también la remoción de los obstáculos para la explotación de Hidrocarburos en las islas”.
Defensa de Malvinas
Castro, que además fue secretaria general del gremio de aeronavegantes, sostuvo respecto del vuelo que “la situación de hecho que plantea el incremento de vuelos habilita una conexión directa para relevos de las tripulaciones pesqueras y vincula directamente a Malvinas con un 'Hub' o polo de desarrollo y distribución off shore a través de San Pablo. Finalmente, mi experiencia como diplomática me lleva a explicar los efectos en el derecho internacional que implica la materialización del vuelo en cuestión, en la controversia de soberanía, ya que en el Derecho Internacional Público cada acto produce un efecto irreversible en manifestación de las voluntades de las partes en las disputas de soberanía”.
Pese al dictamen fiscal y a los antecedentes citados, el juez Rodríguez rechazó finalmente suspender los nuevos vuelos. Su argumento es que ya había vuelos autorizados previamente e hizo suyo el argumento del Poder Ejecutivo acerca de que el comunicado cuestionado no tenía rango de convenio y que no debía ser debatido por el Congreso.
