16 Abril de 2021 16:48
Las nuevas restricciones del Gobierno Nacional ante la segunda ola de coronavirus generó reperscusión en todo el arco político. Ahora un fiscal de Morón denunció al expresidente Mauricio Macri por "instigación al delito y desobediencia", por un posteo en sus redes sociales en el que pidió a los intendentes de la provincia de Buenos Aires "no apoyar las medidas" del gobierno nacional y mantener las clases presenciales.
La denuncia fue realizada por Javier Ignacio Baños, Agente Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Juicio y Flagrancia Nro. 1 del Departamento Judicial de Morón, ante la fiscalía general de ese departamento. Según Télam, el fiscal pidió que se investigue si Macri cometió los delitos de violación de medidas para impedir la propagación de una epidemia, instigación a cometer delitos y desobediencia, que prevén penas de entre seis meses y dos años de prisión.
En el escrito se citó un tuit del expresidente de este jueves en el que posteó: "Los intendentes de PBA tienen la oportunidad de imponer su liderazgo para que las pocas escuelas que están abiertas continúen así. Es fundamental preservar el vínculo entre los alumnos y la escuela y no apoyar fallidas decisiones improvisadas, basadas en la intuición o el miedo".
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En ese sentido, el fiscal consideró que "sucintamente, el expresidente de la Nación Argentina realiza a través de la mentada red social un llamado público a los gobernantes municipales a que desobedezcan las decisiones adoptadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires". Y completó: "Es que, más allá que puedan no resultar de su agrado, todas las medidas que los Estados -el provincial y los municipales- adopten para hacer frente a la pandemia y que puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos, serán siempre limitadas temporalmente, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y por lo tanto legítimas y obligatorias".
Además agregó que en este marco de situación "debemos recordar que el derecho a la libre expresión no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio. En particular, como en el caso, cuando los dichos emanan de un anterior primer mandatario y los mismos conllevan una gravedad institucional tal que invita al caos en el Gobierno provincial", resaltó.
