03 Noviembre de 2015 13:22
La Cámara Federal resolvió hoy apartar al juez Rodolfo Canicoba Corral de la causa penal por presunto lavado de dinero contra la madre y la hermana del fallecido fiscal Alberto Nisman y del técnico informático Diego Lagomarsino.
Fuentes judiciales informaron que por mayoría la Sala I de la Cámara hizo lugar a un planteo de recusación de la madre y la hermana de Nisman y apartó a Canicoba Corral del expediente por "pérdida de imparcialidad".
El magistrado que reemplazará a Canicoba se conocerá mañana cuando la Cámara Federal realice el sorteo correspondiente y se resuelva quién será el magistrado que seguirá adelante con la causa que se inició cuando se descubrió que Nisman tenía una cuenta en un banco en Estados Unidos, que nunca había declarado.
La existencia de la cuenta había sido revelada por el propio Lagomarsino, el técnico informático que trabajaba en la UFI AMIA con un contrato que le había conseguido Nisman. Lagomarsino le había dicho a Viviana Fein que sabía de la existencia de la cuenta debido a que Nisman le había pedido que fuera cotitular de la cuenta.
A comienzos de septiembre, la defensa de la madre y la hermana de Nisman recusó al juez Canicoba Corral, en la causa en las que ambas estaban citadas a declaración indagatoria por supuesto "lavado de activos" como testaferros del ex titular de la UFI AMIA.
La presentación fue hecha por el abogado de ambas, Pablo Lanusse, quien argumentó que Canicoba Corral no debe seguir en la causa por "enemistad manifiesta" y "prejuzgamiento", a raíz de declaraciones públicas del magistrado sobre la investigación, informaron fuentes judiciales.
El juez Canicoba Corral había citado a declaración indagatoria a Garfunkel para el 11 de septiembre, a Sandra Nisman para el 8 de septiembre, al técnico informático Lagomarsino para el 9 de septiembre, y al empresario Claudio Picón, el 15. Pero los trámites quedaron en suspenso por la recusación.
Además de las indagatorias, Canicoba Corral ordenó trabar embargos preventivos sobre los bienes de todos los imputados hasta cubrir la suma de 80 millones de pesos, como había pedido en un dictamen el fiscal del caso, Juan Pedro Zoni.
