El futuro de la causa por la venta de dólares futuro, en la cual la presidenta Cristina Kirchner debe declarar como imputada, entra en una etapa de suspenso después de que el juez Claudio Bonadio fuera recusado.
Bonadío rechazó hoy la recusación presentada por la defensa de Pedro Biscay, un directivo del Banco Central, que también está entre los imputados y que debe declarar la semana próxima.
Como Bonadío rechazó la recusación deberá ser la Cámara Federal la que se resuelva si continúa al frente del expediente. Cuando la causa llegue a la siguiente instancia se deberá convocar a una audiencia.
Después que se realiza la audiencia, la Cámara resuelve si Bonadío sigue con la causa o la aparta. Pero para todo esto no hay plazos por los que las indagatorias siguen su curso.
Pero en el caso de que Bonadío sea separado por la Cámara, todo lo que hizo el juez después de la recusación resulta inválido, incluidas las declaraciones indagatorias.
El abogado Alejandro Rúa, defensor de Biscay, aseguró a BigBang que decidió recusar al juez porque no es imparcial en el trámite del expediente.
"El juez tiene la obligación de tratar por igual a las partes: al fiscal y a la defensa. A nosotros no nos dejó ver todas las pruebas, nos rechazó la presentación para ofrecer pruebas", explicó.
En la causa está citada a indagatoria el 13 de abril la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, un día antes, el 12, deberá hacerlo el ex ministro de Economía Axel Kiciloff.
Biscay, el cliente de Rúa, deberá presentarse a indagatoria el lunes próximo y también está citado el ex titular del Central Alejandro Vanoli para el 7 de abril. En caso de que el juez sea separado por la Cámara después de las indagatorias, todas resultarían inválidas.
Vanoli también tiene que declarar como imputado.
Una operación dañosa
Bonadio entendió que la operación resultó "dañosa" para el erario público y en relación a Kicillof y la ex Presidenta consideró que dieron la orden de ejecutarla.
La venta de dólar futuro "no pudo concretarse sin contar con la decisión expresa de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo Nacional, ya que esta operación financiera carecía de toda razonabilidad económica para los fines del BCRA", según la acusación leída en las audiencias.
El juez imputó a todos por realizar una maniobra que buscó "mantener forzadamente bajo el valor de la moneda estadounidense en el mercado marginal" durante "la gestión del gobierno que finalizó el 9 de diciembre de 2015 a sabiendas de que los vencimientos de los contratos operarían durante la siguiente administración".