12 Abril de 2017 12:09
El juez federal Ariel Lijo declaró hoy el sobreseimiento de la vicepresidente Gabriela Michetti en la causa por la que se investigaba el origen del dinero que le habían robado en su casa del barrio del Balvanera.
El robo ocurrió en la noche del 22 de de noviembre de 2015, en el mismo momento en que la fórmula de Cambiemos se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Michetti denunció que le habían robado 50 mil dólares que le había presentado su novio Juan Martín Tonelli Bandi y otros $ 245.000 correspondientes a la Fundación SUMA, que ella preside.
Por el caso fue acusado y procesado por la justicia ordinaria un efectivo de la Policía Metropolitana que formaba parte de la custodia de la vicepresidenta.
La noticia del robo fue publicada originalmente el año pasado por el diario cooperativo Tiempo Argentino y dio origen a la denuncia realizada por un abogado particular a la que le luego se sumaron dos legisladores del Frente para la Victoria.
La defensa de Michetti presentó una larga lista de testigos, varios de los cuales cumplen funciones en el Gobierno, para sostener que los pesos que le habían robado eran donaciones que le habían hecho para la cena anual de la Fundación que se iba a realizar días después.
La pareja de la vicepresidente, Tonelli Banfi sostuvo que le había dado 50 mil dólares a su pareja porque el hijo mayor de ella quería realizar estudios de una maestría en el exterior.
El juez sostuvo que luego de producir toda la prueba y recopilar gran cantidad de información de cada una de las fundaciones, no se verificó ningún hecho delictivo ni tampoco sustentó la producción de nuevas medidas por encontrarse agotada la investigación, indicó el Centro de Información Judicial.
"Así, en el marco de este proceso, no se desestimó la denuncia ni se ordenó su archivo al momento de ingresar ante este Tribunal, sino por el contrario se llevó a cabo una investigación bajo los requerimientos efectuados por el representante del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, el cuadro probatorio recabado no sustenta la producción de nuevas medidas probatorias", sostuvo Lijo.
A pedido del fiscal Guillermo Marijuan, se amplió la investigación sobre la actividad de las fundaciones Fundar -Justicia y Seguridad, Creer y Crecer, Formar y Pericles, todas encabezados por dirigentes o funcionarios que pertenecen al espadio de Cambiemos.
"Nos encontramos frente a Fundaciones que funcionan hace gran cantidad de años, las cuales se encuentran debidamente registradas ante la Inspección General de Justicia y que no evidencian un crecimiento económico llamativo o irregular", dijo el juez federal.
Y agregó: "A ello se suma la circunstancia de que ninguna de ellas ha sido sindicada por la Unidad de Información Financiera con motivo de algún reporte de operación sospechosa o vinculación al lavado de dinero. En este orden de ideas, considero que continuar investigando estas fundaciones en los términos planteados implica derribar un pilar fundamental de todo estado de derecho, siendo un límite a la potestad punitiva del estado; máxime cuando se dispusieron una gran cantidad de medidas probatorias que ni siquiera permitieron presumir alguna conducta ilícita".
El magistrado aseguró que "del análisis integral del funcionamiento de todas las Fundaciones investigadas por este Tribunal y del examen de todos los elementos probatorios recolectados en torno a su financiamiento, se concluye que no se ha verificado elemento alguno que hiciese presumir la utilización de esas entidades para ingresar activos ilícitos en el mercado legal, tendientes a dotarlos de apariencia lícita".
