La disputa por las “mafias laborales” que denunció semanas atrás el presidente Mauricio Macri, cuando apuntó al jefe del bloque del Frente para la Victoria - PJ en Diputados, Héctor Recalde, sumó un nuevo capítulo en el marco de la pelea por el rol de las ART.
Un informe asegura que durante el año pasado, menos del 20 por ciento de los siniestros laborales se dirimieron en el fuero laboral. El titular de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, volvió a rechazar la idea de una “industria del juicio”.
Los datos surgen de un informe del Centro de Estudios Atenea, al que tuvo acceso BigBang. De acuerdo a las cifras, sólo uno de cada cinco siniestros laborales - accidentes, por ejemplo - finalizan en juicio.
De acuerdo con el estudio, eso representa apenas al 1 por ciento de los trabajadores registrados. Durante las últimas semanas, Macri insistió con las críticas al diputado Recalde, en su momento asesor de la CGT, a quien acusó de liderar una “mafia de juicios laborales" que impide la generación de empleo.
Según el estudio, “lejos de existir una 'industria del juicio', la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo esconde la flexibilización laboral”. Según la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (UART), las empresas recibieron 127.503 demandas en 2016. En cambio, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) registró 10.000 casos menos el año pasado: 117.605 juicios iniciados contra las compañías de seguros.
Desde el Gobierno cuestionaron con dureza la existencia de una “mafia de los juicios laborales”, que según Macri es liderada por el propio Recalde. Sin embargo, de acuerdo al informe de Atenea, si se mantuvo el promedio de accidentes laborales en cifras similares a las de 2013, 2014 y 2015 (alrededor de 665 mil), sólo el 19 por ciento de los accidentes de trabajo llegan a juicio. De esa manera, ponen en duda el impacto económico que provocan los juicios laborales, principalmente en las pequeñas y medianas empresas.
El Presidente había cuestionado con dureza a las "mafias de los juicios laborales".
Para el director general de Atenea, Damián Ledesma, “las ARTs han consolidado su estructura económica y financiera en el último año”. “La cantidad de accidentes de trabajo que llega a juicio está por debajo del 20 por ciento. No existe una inviabilidad del sistema que amerite a una reforma. Además, la nueva ley no presenta modificaciones ni mejoras en materia de prevención de riesgos”, criticó.
De hecho, según el estudio, “un conjunto representativo de las ART obtuvieron un resultado positivo que asciende a los $9.500 millones, con una alza interanual del 41 por ciento”. Según Atenea, los números demostrarían que lejos de quebrar por la “industria del juicio”, las compañías aseguradoras “consolidaron su posición económica”. Desde el centro de estudios consideraron que el Gobierno instaló “la supuesta industria del juicio para avanzar con reformas laborales”.
Desde el mes pasado, el presidente insiste en la “mafia de los juicios laborales”. La primera vez fue durante un acto en Casa de Gobierno a mediados de junio, cuando le tomó juramento al nuevo canciller, Jorge Faurie. Luego lo repitió en una columna publicada en un diario del interior y ayer lo volvió a mencionar.
Según Atenea, menos del 20 por ciento de los accidentes laborales derivan en juicios.
Para el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, además de considerar las cifras que arroja el registro de la UART, se debe tener en cuenta que existe más de un 30 por ciento de trabajo no registrado. “En esos casos, el juicio es el momento en el que el trabajador puede reclamar por todos los derechos que no se cumplieron”, consideró en diálogo con BigBang.
Según el abogado laboralista, la reforma impulsada por el oficialismo “responde a los intereses de los empleadores y las ART”. De todos modos, consideró que los litigios irán en aumento. “En la medida en que no se ataquen las causas de los accidentes laborales y las enfermedades, los juicios no se van a reducir”, agregó.
Además de rechazar la idea de “industria del juicio” se inclinó por la existencia de una “industria del incumplimiento” por parte de los empleadores. “Los trabajadores tienen derecho a reclamar judicialmente por sus derechos no reconocidos o vulnerados. El alto porcentaje de trabajadores en negro son potenciales juicios”, remarcó.