En medio de la judicialización de la suba de la tarifa del gas, el presidente Mauricio Macri recibió hoy al titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.
El presidente mantuvo un encuentro a solas con el titular del máximo tribunal.
Fuentes oficiales confirmaron que el encuentro se realizó en la Casa Rosada, luego que el máximo Tribunal le solicitara al Poder Ejecutivo que informe sobre las razones del aumento.
Vale recordar que la Corte Suprema no resolvió hoy la cuestión de fondo, pero le pidió al Ejecutivo que informe sobre las razones del aumento de la tarifa del gas.
De este modo, resolverá los planteos, especialmente los fallos que suspendieron los incrementos en las facturas, en agosto próximo, después de la feria judicial de invierno.
La Corte resolverá los planteos recién en agosto, tras la feria judicial de invierno.
El Ejecutivo dispondrá de diez días hábiles para contestar el requerimiento, lo cual -teniendo en cuenta que el próximo lunes comenzará la feria judicial de invierno- estirará los plazos hasta agosto próximo.
En una resolución firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, la Corte eludió tratar inmediatamente los planteos contra el tarifazo porque “no hay un caso” sobre el que pronunciarse.
La resolución fue firmada por Lorenzetti, Highton, Maqueda y Rosatti.
A través del ENARGAS, el máximo tribunal le pidió al Estado que “explique cómo ha sido la evolución de las tarifas de gas desde el dictado de la ley 25.561” de emergencia económica dictada tras la crisis de 2001, que estableció un régimen tarifario subsidiado.
A través del ENARGAS, la Corte le pidió al Ejecutivo que explique las razones del aumento.
Reclama un informe sobre los parámetros tenidos en cuenta para arribar a los aumentos de precios y tarifas dispuestos por el actual Gobierno, “y la relación de dichos aumentos con las pautas contenidas en el contrato de concesión”.
El Gobierno deberá “especificar fundadamente la existencia o inexistencia de la ponderación de los principios de gradualidad y progresividad para la determinación del cuatro tarifario”.
El Gobierno tendrá que precisar los parámetros para alterar el alcance de la tarifa social.
Además, tendrá que precisar “los parámetros tenidos en cuenta para alterar el alcance de la tarifa social y si la aplicación de la nueva normativa implica modificar la cantidad de beneficiarios de dicha tarifa”.
La resolución añade que “en su caso, informe las razones de dicha alteración y su incidencia sobre el monto final a pagar por el usuario”.
Los usuarios sintieron el impacto de las tarifas.
En ese contexto, pidió conocer “los criterios que orientan la aplicación o no de la tarifa social para entidades de bien público, entidades solidarias sin fines de lucro y pequeñas y medianas empresas, en particular las directamente vinculadas con las economías regionales”.
El Ejecutivo dispondrá de 10 días hábiles para responder el requerimiento.
“Sin abrir juicio sobre la concurrencia de los requisitos que condicionan la admisibilidad del recurso promovido por el Estado Nacional, corresponde disponer la realización de las medidas para mejor proveer que se consideran apropiadas”, dijo la Corte al esquivar el convite al “per saltum” sobre medidas cautelares de primera instancia que frenaron el incremento tarifario.
Entre esas medidas “para mejor proveer”, la Corte pidió informes al juzgado federal de San Rafael, Mendoza, y a un juzgado contencioso administrativo federal porteño.