Marcelo D'Alessandro, licenciado ministro de Justicia y Seguridad porteño, no deja de estar en el ojo de la tormenta. Este viernes se confirmó que la Inspección General de Justicia (IGJ) realizará la intervención judicial y la declaración de “nulidad” de la empresa Dakota S.A., concesionaria del servicio de grúas para remoción de vehículos de la vía pública y estacionamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Todo esto debido a que se filtraron conversaciones por Telegram que mantuvo D'Alessandro con uno de los gerentes de la empresa, ahora investigada por la Justicia. En esos chats que se hicieron públicos apenas arrancó el año electoral, se leen claras referencias al intercambio de sobres con dinero y la posibilidad de ofrecerle negociados al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
¿Te da para proponer negocios a Horacio?
Dakota es la empresa cuyo referente es el empresario Marcelo Violante y, de acuerdo a lo publicado por la periodista Rosario Ayerdi, le pagó hasta octubre de este 2022 unos 55.000 pesos de canon mensual a la Ciudad, cuando la facturación de la misma es de más de 250 millones de pesos anuales. De las ganancias, el gobierno de Rodríguez Larreta recibía apenas el 0,2%. Un muy mal negocio para los vecinos de la Ciudad que se sostuvo durante ocho años.
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Este hecho es un escándalo más en la lista de polémicas que acarrea este Ministro porteño, quien fue licenciado por Larreta después de que estallara el escándalo por el viaje a Lago Escondido. Todo es cuanto menos dudoso: el fee con la empresa que estuvo congelado varios años; la empresa que estaba nombre de Ana Elizabeth de Bruyn (socia mayoritaria), la tía de 94 años de Violante; los sobres a los que hace alusión D'Alessandro; y la empresa diciendo que da pérdida pero subiendo el precio del acarreo todos los años.
Resulta particularmente llamativo que una empresa millonaria a cargo de la concesión del acarreo y del estacionamiento medido, pudiera tener pérdidas millonarias. En el informe se destaca que desde 2014 y hasta 2022, la empresa pasó de cobrar 350 pesos por auto secuestrado a 6.525 pesos.
La IGJ que tiene como titular a Ricardo Nissen resolvió entonces “promover acción judicial de nulidad de la entidad mercantil Dakota S.A. atento a los graves y reiterados incumplimientos incurridos”, entre ellos la falta de presentación de estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de julio de 2018 y sucesivos hasta el 31 de julio de 2021, es decir cuatro años y tampoco había pagado las tasas de todo ese período. Así mismo, no se explicaba el supuesto cese de sus operaciones en septiembre de 2022.
El documento de 78 hojas firmado por el subinspector Manuel Cuiñas Rodríguez y presentado por la IGJ califica a la empresa como una “sociedad simulada”. El organismo de Justicia agregó que Dakota “funcionó desde 1958 hasta 1996 como una empresa concesionaria de obra pública, pero viró al rubro de estacionamientos y remoción de vehículos” durante la intendencia porteña de Carlos Grosso.
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“Hola! ¿Te da para proponer negocios a Horacio?”, se lee en los chats filtrados. “Sí”, le responde el funcionario porteño a Violante el 21 de septiembre de 2019. En las conversaciones entre el empresario y el funcionario de la Ciudad además de los posibles negocios y el pedido de colaboración para ganar licitaciones, hay pedidos de favores para que intervenga la Justicia a favor de la empresa: “Hola Marce, necesito si me podés hacer el favor de reforzar lo que hablaste con el fiscal por la violación de clausura. Nos quieren aplicar una multa en pesos. Eso no tengo problema... pero le quieren aplicar probation al presidente de mi empresa, y es un amigo. Se podrá solamente pagar la multa sin la probation?? Porque sino va a quedar el antecedente (Sic)”.
Este pedido de Violante hacía referencia a que D'Alessandro medie ante Carlos Rolero, Fiscal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para evitar una probation contra el presidente de su empresa.
Hola Marce, necesito si me podés hacer el favor de reforzar lo que hablaste con el fiscal por la violación de clausura...
La inspección comenzó la investigación en enero, luego de que se difundieran chats que confirman el escándalo de las grúas en la Ciudad. Como es costumbre, el funcionario porteño desmintió todo: "Se va a demostrar cosas que están editadas. Esto lo terminará demostrando la Justicia. Hay mucha gente del Gobierno que me ha llamado para solidarizarse porque saben que hay cosas que aparecen ahí escritas que no son reales".
En esa misma semana, el Gobierno nacional denunció a D'Alessandro, por presuntos hechos de corrupción con empresarios contratistas de la CABA: “Se imputan los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, peculado, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
D'Alessandro argumentó: “Estoy objeto de una operación infame de grupos de tarea que realizan inteligencia sobre las personas, violan la intimidad y después montan situaciones que no son reales, editan situaciones para no hacerlas verdaderas y no importa que es verdad o mentira, solo quieren crear la posverdad". Y entró en licencia laboral, permiso que continúa al menos por un mes más ya que la suya es de entre 60 y 90 días.