El atentado contra la sede de la AMIA es la prueba más concreta de la ineficacia del Poder Judicial en la Argentina para investigar un hecho de semejante magnitud. Por el ataque se desarrollaron tres juicio orales. En el primer juicio, el Tribunal Oral Federal N°3, en octubre de 2009, absolvió a todos los acusados, luego de que se comprobara que el reducidor de autos Carlos Telleldín había cobrado 400 mil dólares de la SIDE para acusar falsamente a un grupo de policías bonaerenses como supuestos integrantes de la conexión local del atentado. Telleldín había declarado que entregó una camioneta Trafic a un grupo de agentes que estaban al mando del comisario Juan José Ribelli, un hombre fuerte de la Policía Bonaerense.
Esa sentencia fue apelada y llegó a la Corte que ratificó la mayor parte de lo resuelto, hasta el testimonio pagado a Telleldín. Quedaron en pie los 16 primeros meses de la investigación con lo que se dio por probado que Telleldín fue el último dueño conocido de la camioneta antes de que explotara. Tras ese juicio se inició una nueva causa por encubrimiento y desvío de la investigación que estuvo a cargo del juez Ariel Lijo. Hubo un nuevo juicio oral contra el ex juez federal Juan José Galeano, quien estuvo a cargo de la primera investigación del atentado, y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, y el ex presidente Menem entre otros.
El Tribunal Oral Federal N°2 dictó sentencia en ese juicio el 28 de febrero último. Los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel condenaron a Galeano a 6 años de prisión, al extitular de la SIDE Hugo Anzorreguy a 4 años y 6 meses y a Telleldín a tres años de prisión. El tribunal también dictó la absolución del excomisario de la Policía Federal Jorge "Fino" Palacios, mientras que Mullen y Barbaccia fueron condenados a dos años de prisión en suspenso. Menem y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja resultaron absueltos.
El 8 de mayo último arrancó el tercer juicio oral. El único acusado es Carlos Telleldín, último propietario conocido de la camioneta que explotó el 18 de julio de 1994 frente a la sede comunitaria de la AMIA. Luego de la versión falsa de que había entregado el vehículo a policías que lo apretaban porque conocían su empleo ilegal como reducidor de coches robados, Telleldín nunca confesó a quién le entregó la Trafic.
Los jueces Feliciano Ríos, Andrés Fabián Basso y Fernando Canero, juzgan a Telleldín por haber acondicionado y entregado la Trafic a los terroristas que la cargaron de explosivos y la hicieron estallar. El ministerio público consideró que “el imputado supo en todo momento que ese vehículo sería usado para un atentado de las características del dirigido contra la AMIA”, afirmó la acusación del MPF.
Y agregó: “La elección de Telleldín para tomar parte en la operación evidentemente no fue azarosa sino que se basó en sus actividades al margen de la ley, en especial sus acabados conocimientos en el ´doblado´ de automóviles. En ese contexto debe analizarse la obtención de la camioneta Trafic que perteneció a la firma ´Messin´. La extracción de su motor y su posterior colocación con otra unidad que fue debidamente doblada y acondicionada para que fuera útil y efectiva en su cometido criminal, y su ulterior entrega al siguiente eslabón de la cadena terrorista”.
En concreto, la calificación legal que le endilgó el MPF al pedir la elevación a juicio fue la de “partícipe necesario del delito de homicidio calificado agravado por haber sido cometido por un medio idóneo para causar un peligro común, en perjuicio de 85 víctimas, en concurso ideal con los delitos de lesiones graves reiteradas (36 hechos), leves reiteradas (115 hechos) y daños múltiples”.