La decisión del Gobierno de Salta de instalar un alambrado de 200 metros en la frontera con Bolivia desató una fuerte polémica y avivó la tensión diplomática entre ambos países. La medida, impulsada por el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, busca frenar el paso ilegal de personas y mercaderías, así como combatir la creciente actividad delictiva en la zona, calificada como "narcofrontera". El propio Zigarán justificó la instalación del cerco argumentando que la región estaba sumida en el caos: "Aparecían decapitados, gente ejecutada con precintos en las espaldas, mexicaneadas, sicariatos. Era un descontrol". En ese marco, la gobernación salteña solicitó asistencia al gobierno nacional, lo que derivó en la implementación del "Plan Güemes", una estrategia de seguridad para blindar las fronteras del norte del país.
El alambrado, que tendrá dos metros y medio de altura y se extenderá desde la terminal del pueblo hasta la oficina de Migraciones, pretende evitar que personas crucen ilegalmente sin pasar por los controles aduaneros y migratorios. Según explicó Zigarán, muchos habitantes de la zona cruzan hacia Bolivia a diario sin realizar ningún trámite, ingresando y saliendo del país sin registro oficial. "Todos llegan a la terminal, saltan un pequeño muro y salen a Puerto Chalanas para cruzar a Bolivia a comprar. No pasan por migraciones de ida ni de vuelta. Tampoco por Aduana. Entran y salen ilegales", denunció el funcionario.
Desde La Paz, la reacción no se hizo esperar. La Cancillería boliviana expresó su preocupación mediante un comunicado oficial en el que advirtió que "los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales" y que "cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos". El ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, fue aún más contundente y calificó la medida como una violación de tratados internacionales. "Esto iría en contra de los principios de convivencia pacífica y esperamos que el gobierno argentino pueda reflexionar", señaló.
Al mismo tiempo, instó a organismos internacionales como la ONU y la OEA a intervenir en el asunto. Lejos de suavizar el tono, Zigarán respondió a las críticas con dureza y cuestionó la falta de control en el lado boliviano. Aseguró que, mientras Argentina dispone de cuatro trabajadores de Aduana para gestionar el tránsito fronterizo, Bolivia apenas aporta uno, lo que genera un "cuello de botella" en los accesos. "Me sorprende que ahora se preocupen, cuando durante las fiestas de fin de año sólo enviaron un agente migratorio y eso generó enormes demoras", ironizó.
Además, el interventor denunció la presencia de "bagayeros" que transportan mercancías de un lado a otro sin control y de "chancheros", quienes ingresan con bolsas de consorcio cuyo contenido se desconoce. Según Zigarán, en muchos casos estas personas utilizan tablas de surf para atravesar el río y llevar mercadería de contrabando. Pese a la creciente presión diplomática, el gobierno salteño no tiene previsto dar marcha atrás y avanza con la firma del convenio para la instalación del alambrado. La obra se enmarca dentro del Plan Güemes, una estrategia lanzada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La misma busca reforzar las fronteras del norte del país y combatir el narcotráfico y el contrabando. En los próximos días, se espera que la Cancillería argentina responda formalmente a la protesta boliviana, mientras en el terreno la construcción del alambrado sigue su curso. La tensión entre ambos países crece y el conflicto fronterizo amenaza con convertirse en un nuevo punto de fricción en la relación bilateral.