por Agustin Gulman
04 Diciembre de 2018 16:02
La Policía de la Ciudad se sumará al protocolo firmado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que habilita a efectivos de las fuerzas federales a disparar por la espalda a personas que intenten huir, cuando exista la sospecha de que cometieron o hubieran intentado cometer “muertes o lesiones graves”. La Bonaerense, en cambio, no adherirá a la resolución. Hubo un fuerte rechazo de los organismos de Derechos Humanos y hoy denunciaron penalmente a Bullrich.
El decreto firmado por Bullrich fue publicado este lunes en el Boletín Oficial y apuntaba sólo a las fuerzas federales, aunque invitaba a las policías provinciales a adherir. Mientras que en el Ministerio de Seguridad bonaerense rechazaron plegarse al nuevo protocolo, fuentes de la Policía porteña confirmaron a BigBang que adherirán a la resolución. Por estas horas, el vicejefe de gobierno y ministro de Justicia y Seguridad porteño, Diego Santilli, conversaba con Bullrich para definir cómo será la implementación, que se hará oficial esta semana.
La Policía de la Ciudad adherirá al nuevo protocolo.
El decreto habilita a los uniformados a disparar cuando se actúe bajo amenaza de muerte o de lesiones, cuando posea un arma aunque luego se compruebe que era una réplica, cuando se presuma que pueda portar un arma, cuando efectúe movimientos que indiquen la inminente utilización y cuando se fugue “luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves”, entre otros aspectos que provocaron rechazo de organismos de Derechos Humanos.
La resolución del Ministeri... by on Scribd
La resolución 956 del Minis... by on Scribd
En la Ciudad, además, buscaban avanzar en una reglamentación para el uso de “armas no letales”, aunque descartaron que vuelva a impulsarse un proyecto para regular las pistolas eléctricas Taser, tal como se intentó años atrás cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno porteño. En principio, sería la regulación del uso de gas pimienta y bastones. En diciembre del año pasado, una jueza había impedido a la Policía de la Ciudad actuar con armas de fuego y exigió limitar el uso de los gases.
El artículo 98 de la ley que creó la Policía de la Ciudad establece que “sólo se podrá hacer uso de armas de fuego cuando otras medidas de fuerza directa no hayan tenido éxito o cuando presumiblemente no lo tendrán”, asegura que “sólo estará autorizado con el fin de incapacitar a las personas para el ataque” y que “no se realizarán disparos con altas probabilidades de tener efectos mortales”.
La Provincia, en cambio, no adherirá a la nueva resolución.
En cambio, en la Bonaerense descartaron ante BigBang la posibilidad de adherir al protocolo dispuesto por Bullrich. Cerca del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, creen que, de todos modos, la última decisión quedará en manos de la gobernadora María Eugenia Vidal. “No hubo ningún llamado del gobierno nacional, antes de avanzar en algo así hay que hacer mucha escuela dentro de la Policía, por el modo en el que pega el mensaje”, explicaron.
Hoy la Policía Bonaerense cuenta con 93 mil uniformados, mientras que la porteña tiene 25 mil.
RECHAZO Y DENUNCIAS
Los organismos de Derechos Humanos repudiaron la resolución firmada por Bullrich y advirtieron que se profundizarán los casos de gatillo fácil y que se implementará la “pena de muerte”.
Además, Bullrich fue denunciada por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, por el ex juez de Cámara, Carlos Rozanski, quien consideró que el decreto “viola el Código Penal, que es imposible de modificar por una resolución ministerial”. La causa quedó en manos de la jueza federal María Servini de Cubría y de la fiscal Paloma Ochoa.
Bullrich fue denunciada por la firma de la resolución publicada esta semana.
Rozanski aseguró a BigBang que el decreto “contradice el Código Penal” y criticó que “se habilita a disparar por la espalda”. “Instaura una especie de pena de muerte, no estamos como sociedad en condiciones de aceptarlo. Es probable que tengan la intención de incorporarlo a la reforma del Código Penal”, criticó el ex magistrado.
Según la titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, se flexibiliza al máximo el Código de Conducta de la ONU, al que adhiere la Argentina en la ley de Seguridad Interior, sobre el uso de armas de fuego para efectivos de fuerzas de seguridad, que establece que “deberá hacerse todo lo posible para excluir el uso de armas de fuego”.
