por Gonzalo Prado
05 Diciembre de 2018 16:30
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pasa sus mejores horas dentro del esquema de la administración del presidente Mauricio Macri. Los pocos cuestionamientos internos que tenía, como consecuencia del accionar represivo de las fuerzas de seguridad, comenzaron a callarse ante este nuevo escenario que se centra en tres ejes.
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El primero fue el operativo de Seguridad del G-20 en donde no hubo mayores disturbios. “Si se lo compara con lo que pasó el año pasado en Hamburgo se pasó de Beirut a Suiza”, le dijo a Big Bang uno de los funcionarios que participó de la cumbre. El despliegue fue incluso elogiado por los propios mandatarios extranjeros aunque no estuvo exento de polémica como fue el caso de la detención del secretario parlamentario del PTS, Guillermo Pistonesi.
El segundo fue el cierre de la causa por desaparición forzada de Santiago Maldonado, el joven de 27 años cuyo cuerpo fue encontrado en el Río Chubut después de dos meses de intensa búsqueda. El tercero de los ejes es el más externo, desde hace semanas que en la Casa Rosada comenzaron a notar un giro en la opinión pública hacía una radicalización en las políticas de seguridad.
La familia de Maldonado adelantó hoy que apelará el cierre de la causa.
Esto último se vio potenciado, según explican en el entorno del presidente, como consecuencia del primer eje. “Se creó la sensación de que un orden así, como el que sucedió en el G-20, es posible todos los días lo que le dio aún más envalentonamiento a Patricia”, explican.
Es por eso que tomó la decisión de darle un marco normativo definitivo a la resolución que habilitó a las fuerzas de seguridad federales a un más amplio uso de sus armas reglamentarias. Dicha decisión a su vez hizo que pegue un grito en el cielo la diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió. “Eso no cambia la escena macro, sólo genera un debate interno”, le dijo a Big Bang uno de los miembros de la mesa chica de la Casa Rosada al procurar bajarle el tono a la situación.
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Desde el lunes sólo hubo una sola referencia al accionar de Bullrich durante el G-20 y fue del propio Macri. Al inicio de la semana el presidente fue el primero, y el único, el salir a felicitar a la titular de la cartera de Seguridad por el operativo en la cumbre de mandatarios. “No hizo necesario que nadie más diga nada porque el mensaje se entendió de lleno”, expresó uno de los ministros que estuvo en esa charla.
Las viejas internas también terminaron de cerrarse, o de acallarse, a favor de la ministra. El caso más representativo es con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quien mantiene fuertes tensiones desde principios de la gestión de Cambiemos. Hace dos semanas cuando no se pudo jugar el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre Boca y River Bullrich se desligó de toda responsabilidad y remarcó que la Ciudad era la encargada del operativo.
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Desde la Casa Rosada salieron rápidamente a respaldar a la ministra y a apuntar hacía una falla en el operativo montado por el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, que como consecuencia del hecho fue obligado a presentar su renuncia. La esquirlas se volvieron a notar hoy luego de que el juez en lo contencioso administrativo y tributario, Andrés Gallardo, considerara como inconstitucional a la disposición sobre las armas de fuego de las fuerzas de seguridad que tomó Bullrich.
El ex ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Todos saben que Gallardo se excedió en sus competencias pero nadie quiere ser el que presente la apelación”, explicó uno de los funcionarios interiorizados por el tema que remarcó que un magistrado provincial no tiene atribuciones sobre las fuerzas nacionales.
Las últimas mediciones que tienen en la Casa Rosada sobre la imagen de los ministros la ubican como la que mejor mide. “Si antes se ponderaba mucho su tarea contra el narcotráfico ahora, con este escenario, va a ser una de las voceras del Gobierno”, agregó uno de los encargados de la política comunicacional.
