Democracia, ¡Afuera!
26 Diciembre de 2023 08:33
Una vez más a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el presidente Javier Milei confirmó la decisión de no renovar los contratos que fueron firmados por primera vez a partir del 1° de enero de 2023 y que vencen este 31 de diciembre. Además, el Poder Ejecutivo revisará la situación de los trabajadores del Estado que están en funciones desde antes de esa fecha. Si bien las cifras no fueron confirmadas, esta medida afectaría a un total de 7000 personas.
A través del decreto 84/2023, el jefe de Estado dispuso que todas las contrataciones de empleados públicos de este año no sean renovadas. Sin ir más lejos, el artículo 1° establece que "las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas".
De esta manera, se abarca a los empleados transitorios "y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023″, de toda la administración nacional, así como también de los entes públicos, incluidos, por ejemplo, la ANSeS, el PAMI y la AFIP. La decisión alcanzaría a cerca de siete mil empleados de distintas áreas del Gobierno. Son excluidos únicamente aquellos que cumplen funciones en empresas o sociedades estatales.
En la administración del Gobierno central hay casi 500.000 empleados, pero este número crece a casi cuatro millones si se consideran, además, los funcionarios provinciales, municipales, de empresas públicas, de la banca estatal y de universidades y organismos autónomos, entre otros. No obstante, especialistas en gasto público advierten que por más que se haya anunciado un recorte fuerte en rubros como los empleados estatales, el grueso del gasto se concentra en el sistema jubilatorio.
Según el informe de la consultora Analytica, en el acumulado enero-noviembre, jubilaciones y estatales representan, respectivamente, un 42% y un 12% del gasto total. Son unos $5,2 billones acumulados, cuando la recaudación tributaria en ese período de once meses fue de $4,6 billones.
De esta medida publicada este martes en el boletín queda exento el personal que "haya estado prestando tareas con fecha previa al 1° de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación" y el "personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y de manera fundada [señalando] que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento".
Por otra parte, el artículo 3° del decreto establece "que las contrataciones efectuadas en el marco del artículo 9° del Anexo de la Ley N° 25.164 y del Decreto N° 1109 del 28 de diciembre de 2017, cuya fecha de ingreso a la administración sea previaal 1° de enero de 2023, no podrán ser renovadas por un periodo mayor de 90 días corridos".
Mientras que el artículo 4° sostiene que en caso de que "las autoridades competentes decidan renovar dichos contratos, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación". "Instruyese a los titulares de las jurisdicciones mencionadas en el artículo 1° de la presente medida que en el plazo establecido en el artículo 3° informen a la Jefatura de Gabinete de Ministros el cumplimiento de la presente medida", concluye el articulo 5°.
