15 Noviembre de 2022 14:51
La investigación que realizó la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre la situación financiera de quienes reciben el plan social Potenciar Trabaja, a pedido del Ministerio de Desarrollo Social, abrió un nuevo frente de batalla para los dirigentes del Movimiento Evita y otras agrupaciones de desocupados que cumplen algún rol en la cartera que conduce Victoria Tolosa Paz.
Y es que luego que se conociera que 253.184 receptores del subsidio declararon Bienes Personales y 35.398 compraron dólares, sólo en los últimos seis meses, el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció todas las irregularidades presentadas por el informe y pidió el reempadronamiento y suspensión de todos los beneficiarios.
Aunque esta fue la primera reacción respecto a este nuevo escándalo, ya que esta mañana algunos dirigentes de la Coalición Cívica (CC) presentaron un pedido a Desarrollo Social para conocer los nombres de las personas que dieron de alta a los planes irregulares, entre los que se encuentran 2.800 fallecidos.
"Suponemos que los que incorporaron beneficiarios con incompatibilidades son los dirigentes y funcionarios que otorgan y reciben estos planes. Los que están de los dos lados del mostrador", precisaron en su pedido que se ampara en el derecho de acceso a la información pública.
La carta está dirigida a Tolosa Paz y firmada por María Fernanda Reyes, Hernán Leandro Reyes, Héctor 'Toty' Flores, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Maricel Etchecoin Moro, Mariana Stilman y Fabián José Quetglas.
Entre el pedido de los dirigentes, del cual exigieron que se cumpla en un plazo dentro de los 15 días hábiles, solicitaron que se les notifique sobre cuáles de los beneficiarios irregulares "fueron cotejados a través del Sistema de Información Tributario y Social (SINTyS) al momento de su ingreso" y que se "informe la distribución geográfica de este grupo", al mismo tiempo que requirieron conocer cuántos de estos fueron analizados "con otros organismos o dependencias que se hubieran considerado pertinentes al momento de su ingreso" y "fueron constatados por la Autoridad de Aplicación".
El objetivo de los miembros de Juntos por el Cambio es saber si alguno de sus laderos, o el dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, quien fue la autoridad de aplicación de muchos de los beneficiarios del Potenciar Trabajo, estuvo vinculado a estas altas irregulares de planes sociales.
Por eso es que pidieron que se les informen "las organizaciones sociales a las que pertenecen las personas titulares sobre las cuales se detectaron incompatibilidades y otras irregularidades de acuerdo al cruce de información realizado", por lo que pidieron conocer el año de fallecimiento y "si se cobraron los montos vinculados al programa de manera posterior al fallecimiento, "si hubo movimiento en las cuentas de los titulares de manera posterior al fallecimiento", y "la distribución geográfica y las unidades de gestión o certificación a las que pertenecían".
Desde el Movimiento Evita ya se encargaron de responder al pedido de los militantes del partido de Elisa Carrió, y es por eso que desde el entorno de Pérsico que está en Desarrollo Social aclararon a Perfil que "todos los meses realizan con el SINTYS estos cruces para detectar incompatibilidades con el programa Potenciar Trabajo. Es una tarea recurrente que se hace para saber si la persona que cobra el programa sigue en la misma situación laboral o no".
En la explicación que dieron desde el Ministerio discrepó con las determinaciones del fiscal Marijuan y el pedido de la CC, ya que la "compra de moneda o el pago de un servicio en dólares" puede significar, por ejemplo, el pago de plataformas online extranjeras como Netflix o Spotify.
"Suspensión y reempadronamiento": denunciaron a los beneficiarios de planes que compraron dólares
"Por otra parte, en cuanto a bienes personales lo único que sabemos es que declararon un bien registrado, que puede ser una moto. Eso por ejemplo no sería una incompatibilidad", contestaron desde el entorno de Pérsico en Desarrollo Social.Por su parte, Marijuan aseguró que "lo más saludable y transparente es suspender estos planes y tomarse unos días para citar a los beneficiarios que tiene que venir a reempadronarse" y que, haciendo eso, "muchos miles no van a ir porque saben que no están en condiciones".
"La denuncia está dirigida a quien se haya inscripto sin estar en condiciones, sabiendo que no lo estaba", explicó el funcionario judicial. "También se tendría que analizar la situación de los funcionarios que no advirtieron esta circunstancia cuando tienen todos los elementos para hacerlo", agregó.
