por Agustin Gulman
22 Septiembre de 2020 12:22
A horas de que se haga efectivo el desalojo de la toma de tierras en el predio ubicado en la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense le pidió al juez de Garantías N° 8 de Cañuelas, Martín Rizzo, que postergue la medida hasta el 1° de octubre, con el objetivo de buscar una salida consensuada y aportó detalles sobre el censo realizado en el predio la semana pasada. Descartan la posibilidad de crear un fideicomiso para la compra de tierras y venderla a precio económico a quienes viven en la toma.
El pedido a la Justicia fue confirmado a BigBang por una alta fuente del Ministerio que comanda Andrés “Cuervo” Larroque. La presentación busca frenar el desalojo ordenado por el juez Rizzo y ratificado el 8 de septiembre pasado por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata.
De acuerdo con el fallo judicial, la medida debía concretarse entre mañana y el viernes, en horario diurno y sólo si las condiciones climáticas son óptimas. Además, el magistrado indicó que la Policía Bonaerense sólo debía actuar mediante el uso de la fuerza pública en última instancia, e indicó que se debían mantener los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus.
El planteo del Gobierno bonaerense a la Justicia busca ganar tiempo para negociar una salida al conflicto que se desató en julio, cuando unas 300 familias ingresaron al predio de unas cien hectáreas. Según precisaron ante la consulta de BigBang, el censo realizado la semana pasada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad indicó que hay 2.344 casillas de extrema precariedad: la mayoría son carpas, lonas y mantas. Del total de las personas aceptaron a responder sólo 1.904, de los cuales 650 son de la localidad de Guernica, mientras que el resto proviene de distritos cercanos. Además hay 75 familias del partido de Almirante Brown y también de La Matanza.
En la Provincia esperan que el juez Rizzo defina en las próximas horas si acepta postergar o no el desalojo ordenado semanas atrás y que debía comenzar mañana. Mientras tanto, hoy el ministro Larroque se reunirá con la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, para coordinar un plan de asistencia a los censados. Hasta ahora, según detallaron, el Ministerio asistió a las familias con agua y alimentos.
Días atrás, Cantero aseguró que no había "nada que negociar porque hay una orden de desalojo", y señaló que detrás de la usurpación "hay organizaciones que se montan arriba de la necesidad de la gente": "No hay nadie inocente, la gente sabía que venía a ocupar un terreno que tenía dueños", insistió.
SIN FIDEICOMISO Y EL PLAN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
Además de pedir que se postergue el desalojo, las autoridades de la Provincia le presentaron al juez un plan de trabajo para resolver la cuestión de fondo, que el déficit habitacional. Por ahora rechazan la posibilidad de crear un fideicomiso para comprar las tierras tomadas, lotearlas y venderlas a bajo costo a quienes fueron censados.En paralelo, las organizaciones sociales trabajan en un programa presentado a las autoridades bonaerenses para urbanizar a través de la construcción de viviendas y la apertura de calles. Desde el Movimiento Evita propusieron un plan de infraestructura que incluya la construcción de viviendas no sólo para las familias que se encuentran en el predio ocupado, sino que además se puedan vender a vecinos de la zona a precios económicos.
“Si hay 2.500 familias se tienen que conseguir 5.000 lotes y que sea un barrio normal”, sintetizaron ante la consulta de este medio. Desde el Evita plantearon incluso la posibilidad de que las viviendas se ofrezcan en el mercado inmobiliario a trabajadores de la zona y hasta cooperativas de policías, sectores que - como muchos otros en el país - tienen grandes dificultades para acceder a la vivienda propia.
“Tiene que definir la Provincia, pero lo más económico es el costo de la tierra, no hay un problema del valor, sino en la infraestructura para que sea un barrio. El Estado debe producir tierra urbana”, señalaron desde el Evita ante la consulta de este medio. El plan no incluye a todo el predio, sino a una porción menor, que sería cercana a las 10 hectáreas, según detallaron.
LAS TIERRAS Y EL RUIDO DENTRO DEL FRENTE DE TODOS
La toma de terrenos despertó además una interna dentro del Frente de Todos. No sólo lo que ocurrió en Guernica - la más importante en términos de tamaño y cantidad de familias - sino por otros episodios que ocurrieron en el sur, pero también en terrenos que corresponden a la administración nacional.Un ejemplo fue lo que ocurrió al costado de la estación de Victoria, con una toma de 12 familias que durante semanas mantuvo paralizado un ramal del ferrocarril Mitre. También las tomas encabezadas por comunidades mapuches que reclaman sus derechos en la ciudad de Bariloche y una toma de terrenos en una reserva natural del INTA, en El Bolsón.
Sin embargo, hay otros dos conflictos de tierras que preocupan a la Nación, según precisó a BigBang una alta fuente del Ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic: una toma en Los Hornos, partido de La Plata, en terrenos de la ex ONABE - actual Agencia de Administración del Bienes del Estado (AABE) - donde viven más de 800 personas; y otra en un complejo de 350 viviendas afectado al plan de reubicación habitacional que tiene a su cargo la ACUMAR, donde se instalaron alrededor de 90 familias.
El conflicto por la toma de tierras despertó algunos roces e internas por miradas diversas en el Frente de Todos sobre el abordaje de un problema histórico que tiene la Argentina como es el déficit habitacional, más allá de que siempre que ocurre una toma masiva de terrenos haya vivos que aprovechan la situación para hacer negocios. Sergio Massa, por ejemplo, propuso quitar los subsidios a quienes toman terrenos; mientras que la ministra Frederic planteó que no se trata de un "tema de seguridad", sino que requiere un abordaje integral en materia social y habitacional.
