por Rafael Saralegui
07 Diciembre de 2017 15:41
El procesamiento que dictó Claudio Bonadio contra la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner tiene dos argumentos, como mínimo, polémicos. El juez federal consideró que los dos atentados que sufrió la Argentina en 1992 (contra la embajada de Israel) y en 1994 (contra la sede de la AMIA) fueron actos de guerra. Además, sostuvo que la firma del memorándum con Irán constituía el delito de traición a la patria por encubrir a los responsables de los dos ataques.
El artículo 214 del Código Penal sostiene que “será reprimido con reclusión o prisión de diez a veinticinco años o reclusión o prisión perpetua y en uno u otro caso, inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este código, todo argentino o toda persona que deba obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública, que tomare las armas contra ésta, se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o socorro”.
Bonadio consideró que la decisión de firmar un acuerdo con Irán, que se niega entregar a la Justicia argentina a los acusados de haber participado en el atentado contra la AMIA, benefició a la parte iraní que “evidentemente cumplió sus expectativas y logró, en principio, su objetivo perseguido por largo tiempo, que fue que la República Argentina no lo señale como un Estado terrorista que promueve y financia organizaciones terroristas”.
Bonadio sostuvo que el atentado a la AMIA fue un acto de guerra.
Aunque hasta ahora ningún gobierno o presidente argentino lo consideró así, el juez sostuvo en forma sorpresiva que “en los años 1992 y 1994 en la República Argentina hubo dos actos de guerra de agresión que la correspondiente investigación judicial atribuye a la Jihad Islámica, el Hezbollah y la República Islámica de Irán”.
Con esta aseveración, el juez Bonadio, que integra el Poder Judicial, se atribuye una potestad que corresponde al Poder Legislativo, al Congreso. Pues el artículo 75 de la Constitución Nacional, referido a la atribuciones de los legisladores, establece en el apartado 25 que le corresponde al Congreso “autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz”.
El juez -amante de las armas y con una muerte a sus espaldas- insiste en su argumento belicista cuando afirma en el procesamiento que “la manera como cada Estado responde a una agresión armada, es una cuestión soberana que debe resolver el agredido y su respuesta no puede ser cuestionada mientras la agresión sufrida sea ilegítima, no provocada y la reacción sea proporcionada, como es en los dos casos que nos ocupa”.
Bonadio pidió el desafuero de Cristina al Senado.
Bonadio ya da por probada la responsabilidad de Irán en los dos ataques. La causa del ataque a la AMIA está a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que acusó a un grupo de ex funcionarios iraníes, mientras que el ataque de la Embajada fue investigado por la Corte Suprema de Justicia, que nunca acusó a nadie.
El primer sorprendido por la acusación de traición a la patria, fue el ex canciller Héctor Timerman, cuando prestó su declaración indagatoria. “Todo lo que me imputaron es falso de falsedad absoluta. Recién me entero que hay un acto de guerra. Desconocía que para este Juzgado hay un acto de guerra con Irán y quiero decir que una guerra según las Naciones Unidas y la Constitución Argentina sólo puede ser declarada por el Congreso Nacional. Mientras que fui canciller de la República Argentina, entre junio de 2010 y el 9 de diciembre de 2015, el Poder Ejecutivo jamás declaró la guerra con Irán por lo que es falso que pueda ser cómplice de un acto de guerra con dicha república. A tal punto no hay guerra con Irán que el ideólogo del diario la Nación, José Claudio Escribano, publicó en la tapa durante el gobierno de la Alianza que la llegada de una misión comercial de la República Islámica de Irán era la gran noticia del año, por lo cual es difícil sostener que había guerra y que se me acuse de un acto de guerra”, se descargó Timerman.
Esta mañana, el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, sostuvo en un reportaje radial que “el concepto de traición a la Patria es una locura, está incluido en nuestra Constitución y tiene que ver con una situación de guerra. Esto es un disparate”. Argumentó también que “el desafuero en nuestro Senado es una excepción, ocurrió uno solo en toda la historia. Después no ha habido desafuero. Hay una tradición y los senadores no van a dar lugar esto".
