En medio de una campaña mezquina de propuestas e ideas que seduzcan al electorado, el oficialismo trabaja en un proyecto que podría ayudar al Estado a recuperar bienes de la corrupción, mediante la figura de un colaborador denunciante.
Los autos de Lázaro Báez, en Santa Cruz.
El proyecto, conocido en Estados Unidos como “Qui tam”, y vigente a través del Lincoln Law, permite a todo aquel que descubra un fraude que perjudique al Estado presentar una acción legal en nombre del Gobierno para reclamar hasta el 5 % del valor de los activos recuperados. La iniciativa llegaría a Diputados luego de octubre de la mano de la candidata Graciela Ocaña, quien obtuvo en las PASO el primer puesto con el 34,58 % de los votos.
El proyecto busca que todo aquel que haya intervenido o sepa donde se encuentran fondos o bienes ilícitos pueda aportar información, aunque la persona en cuestión no debe ser partícipe del ilícito ni estar involucrado en el hecho de corrupción.
En numerosos casos, personas suscriben sociedades por pedido de terceros sin saber la finalidad real de esa organización. Un ejemplo de esto es el de Carlos “Piluso” Schneider, un jubilado de 75 años, ex trabajador de la marina mercante que figuraba como apoderado de Tierras Internacional Investment, una de las sociedades controlantes de The Old Fund, el fondo que se quedó con la ex Ciccone Calcográfica. En una entrevista con Periodismo Para Todos (PPT) declaró que lo hizo por $200.
El dinero hallado en los bolsos de José López.
El programa de colaborador denunciante deberá estar bajo el ala de algún estamento del Estado. “Los pasos para aportar la información y reclamar el porcentaje deben ser ejecutados por el Gobierno, que debe tener un rol activo. Estudiamos la posibilidad de que la Oficina Anticorrupción (OA) o el ministerio de Hacienda -que conduce Nicolás Dujovne- estén a cargo”, explicó Ocaña a BigBang.
El Gobierno buscará recuperar activos de la corrupción.
El proyecto fue exitoso en Estados Unidos y sólo basta ver los números para comprobar su efectividad: hasta el 2012, el 70 por ciento de los procesos federales en ese país se llevaron a cabo por esa clase de denunciantes.
Una piedra en el camino. El éxito de la iniciativa está supeditada -en parte- a la aprobación de la ley de extinción de dominio, la cual apunta al decomiso de bienes obtenidos de forma ilícita. La norma, que cuenta con media sanción en Diputados, se encuentra trabada en el Senado desde hace tiempo y su futuro no asoma prometedor. “Pienso que para fin de año se cae”, le dijo a este sitio un integrante de la cámara alta que sigue de cerca su evolución. Allí, los senadores modificaron la iniciativa que estaba planteada en la órbita civil, aunque finalmente se enmarcó en el fuero penal. Desde ese momento, no hubo novedades.