El fallo de la Corte Suprema de Justicia que frenó el aumento de la tarifa del gas sólo alcanza a los usuarios residenciales, por lo que todos los otros sectores afectados que quieran obtener un fallo similar deberán recurrir a la Justicia en forma individual o agrupados por sectores según tengan intereses en común.
En esa línea, la Cámara de GNC presentó el primer amparo contra el fallo de la Corte. Los empresarios del sector indicaron que la decisión del máximo tribunal "vulnera la posibilidad de que los ciudadanos accedan a un combustible más barato".
Desde la institución indicaron que desde diciembre el GNC aumentó un 400% y que esta suba "afecta" a más de un millón y medio de usuarios en todo el país. Desde la Cámara del sector señalaron que los aumentos "destruye la industria que sólo consume el 5% del total del país".
El fallo deja afuera a empresas, grandes y pequeñas, cooperativas, clubes de barrio, organizaciones civiles, comercios e industrias de diversos tipo.
"Rescatamos como positivo el fallo de la Corte que anula el tarifazo para las facturas residenciales, que fue producto de las acciones de lucha, y vamos ahora por los sectores que no fueron contemplados en la nulidad", dijo esta tarde en conferencia de prensa el presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionadas (Facta), Federico Tonarelli.
Por su parte, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), manifestó en su presentación que observa "con preocupación" que el conflicto es un "problema político porque en el contexto de recesión, liberación de importaciones y caída real del salario se hace difícil afrontar las tarifas".
Aranguren quedó complicado tras el fallo de la Corte.
A su vez, desde el sindicato del Cuero señalaron que "hay 400 cooperativas que ya cerraron por los tarifazos" y pidió organizar "un plan de lucha para que (las tarifas) sea para todos por igual".
"Si no logramos superar este tarifazo, 9 de cada 10 clubes corren el riesgo de cerrar y cientos de miles de chicos no van a quedar afuera ni tener donde formarse, hay que trabajar para que el tarifazo se termine de una vez y para todos los sectores", reclamó un representante sectorial de clubes de barrio.
Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtieron que la decisión judicial sorprendió negativamente a las pymes, que "se sienten desprotegidas frente a la arbitrariedad de los aumentos". "Nadie discute la necesidad de actualizar tarifas absurdas; pero en un cuadro recesivo, los aumentos anunciados y replanteados significaron golpes difíciles de absorber", señaló la entidad que dirige Osvaldo Cornide en un comunicado. Además, aseguró que "encaminará donde corresponda las medidas cautelares para defender la producción y el trabajo".
El vocal de UIA, José Urtubey, anticipó que existe molestia en la institución y que "el fallo del máximo tribunal debería ser un punto de referencia para que el Gobierno revise integralmente todo el cuadro tarifario ajustándose a la ley". "Ahora cualquier organización puede también pedir acatarse a ese fallo, por lo que hay resolverlo desde la política y no desde la Justicia", agregó Urtubey.
Por su parte, el presidente de la Confederación General Empresaria de la Argentina (Cgera), Marcelo Fernández, afirmó que el fallo de la Corte fue "un mazazo más de los que vienen recibiendo las pymes en lo últimos meses" y advirtió que las empresas "no pueden quedarse pasivamente aceptando un aumento que muchas no van a poder pagar y que a otras las deja directamente fuera de mercado". Fernández adelantó además que en los próximos días habrá una reunión de todas las entidades que conforman Cgera para discutir qué medidas tomar.