Según reveló Ámbito Financiero, el juez Sebastián Casanello envió a Caleta Olivia la denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri y el ex ministro de Defensa Oscar Aguad, a quienes se acusa de ocultar la ubicación del ARA San Juan luego de su hundimiento.
La denuncia fue efectuada por la querella mayoritaria, representada por la abogada Valeria Carreras. De acuerdo a su interpretación, el Gobierno de Juntos por el Cambio ya sabía dónde estaba el submarino el 5 de diciembre de 2017, 20 días después de su desaparición.
Sin embargo, el Gobierno recién informó oficialmente lo que sabía el 16 de noviembre de 2018, por lo cual se pidió investigar a Macri y Aguad por "encubrimiento agravado".
De acuerdo al dictamen del fiscal Guillermo Marijuán, el juez Sebastián Casanello consideró que el caso se debe tramitar junto al expediente principal en el que se investigan las responsabilidades en el plan de búsqueda, a cargo de la justicia federal de Caleta Olivia.
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Carreras, por su parte, se mostró disconforme con la decisión y anunció que la apelará. A su juicio, el envío de la causa a la localidad patagónica es una "pirueta judicial" con la finalidad de enviar la investigación "a la lejana y lenta jurisdicción federal" de esa ciudad.
"Son tantos los elementos aportados, y es tan directa la responsabilidad del entonces presidente Macri y el Ministerio de Defensa, a través de comunicados mendaces, sumado a las dudas sobre el hallazgo, que hemos logrado sentar la duda razonable para que se investigue si se engaño a las familias y al pueblo argentino durante un año", aseguró la letrada en diálogo con Ámbito Financiero.
La idea de que el Gobierno Nacional conocía la ubicación del ARA San Juan desde el 5 de diciembre de 2017, surge de lo manifestado en la causa por el Contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo.
El dato del hallazgo habría sido suministrado por el buque oceanográfico Cabo de Hornos de la Armada de Chile e incluso se habría pedido autorización para que el Reino Unido proveyera un vehículo robot para ingresar a la zona.
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De acuerdo al fiscal Marijuán, "las responsabilidades penales investigadas por el Juzgado Federal de Caleta Olivia en la causa n° 62903/2017, comprende también las vinculadas con el presunto ocultamiento de la ubicación del ARA San Juan aquí denunciado".
Así, consideró que "en aplicación de los principios de economía y celeridad procesal" debe ser un mismo magistrado quien, "en conocimiento de la totalidad de los hechos, prosiga con la instrucción, evitándose el dispendio jurisdiccional y la obstrucción en la tarea investigativa, dado que ambas pesquisas versan sobre un hecho, cuyo esclarecimiento interesa a toda la sociedad".