A cuatro meses del escándalo que se desató en torno al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, finalmente la Oficina Anticorrupción emitió un dictamen sobre la contratación de la empleada doméstica del funcionario, que además de haberse desempeñado en negro, había sido designada en la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
Lo curioso es que el organismo que conduce la macrista Laura Alonso le dio apenas una serie de leves recomendaciones a Triaca: la resolución dice que el ministro “deberá evitar la adopción de decisiones que pongan en riesgo la imagen que debe tener la sociedad respecto de la función pública”, y le recuerda que “debió actuar en forma prudente y no consentir la contratación de Sandra Heredia en el SOMU”.
Heredia había sido designada en la intervención del SOMU en la seccional San Fernando, pero además se desempeñaba desde hacía varios años como casera de la quinta que tiene la familia Triaca en la zona de Boulogne y fue despedida con un audio de WhatsApp donde el ministro de Trabajo la insultaba: “No vengas, sos una pelotuda”.
La Oficina Anticorrupción comenzó su actuación en medio del escándalo, aunque solo analizó la designación de Heredia en el SOMU, sin expedirse acerca del despido, ni del trato hacia Heredia, quien además de cobrar una indemnización inició una causa por calumnias e injurias, ya que el hermano del ministro, Carlos Triaca, había dicho durante una entrevista con A24 que Heredia tenía problemas psiquiátricos y deslizó que era la responsable de una serie de faltantes en la vivienda.
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En esta línea, el organismo recoge la declaración del ex interventor del SOMU, Alfredo Bertonasco, quien dijo que en la contratación “no se infringió ninguna norma ni reglamentación vigente”, y que “no existió nada oculto, impropio ni irregular”. Sin embargo, aclara que Triaca no pudo desconocer que a Heredia le habían ofrecido ocupar un puesto en la intervención, y que “no debió consentir la referida contratación”.
De todos modos, la oficina que comanda Alonso asegura que el hecho de que Heredia fuera empleada de la familia Triaca “podría generar legítimas dudas respecto de los motivos que fundaron la vinculación de empleo con el SOMU, así como la influencia del funcionario sobre su contratación sobre todo ante la inexistencia de procedimientos de selección específicos para dicho puesto de trabajo”.
El ministro quedó en el ojo de la tormenta en enero por la difusión del audio que le mandó a Heredia.
Además, la resolución de la Oficina Anticorrupción asegura que Triaca “debió advertir que la designación de Heredia podía resultar cuestionable a la luz de las normas sobre integridad”, y que debió “transmitir al entonces Interventor su oposición en atención a las implicancias del caso”.