por Rafael Saralegui
13 Abril de 2018 15:22
La pelea viene desde hace varios años. La cadena Farmacity no pudo hasta ahora instalarse en la provincia de Buenos Aires porque hay una ley que regula la instalación de las farmacias en el territorio y establece que un profesional de la materia debe ser el titular del comercio, que está específicamente vedado a las sociedades anónimas. El litigio escaló hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, que ya está en condiciones de dictar sentencia.
Todas las instancias anteriores fueron desfavorables para Farmacity, que tiene entre sus principales accionistas a Mario Quintana, uno de los hombres fuertes del Gobierno de Mauricio Macri, desde su puesto estratégico como número dos en la Jefatura de Ministros que encabeza Marcos Peña. Pero ahora la suerte podría cambiar para la cadena que en sus locales vende de todo: desde paraguas hasta remedios.
Un dictamen firmado por la procuradora Laura Monti ante la Corte Suprema el miércoles 11, sostiene que la ley de la provincia de Buenos Aires 10.606, que regula el funcionamiento de las farmacias en ese estado es inconstitucional y propone revocar los fallos anteriores, que fueron desfavorables para la empresa, para que se le permita a Farmacity poder instalarse finalmente en la provincia más grande del país.
El dictamen no es vinculante: es decir, los jueces de la Corte pueden resolver de otra forma, pero se trata de un antecedente importante para la empresa de Quintana.
Quintana fue fundador de la cadena de farmacias.
En su planteo, Farmacity sostuvo que “el artículo 14 de la ley (provincial) 10.606 carece de razonabilidad, pues es la dirección técnica y no la propiedad sobre la farmacia la que posee una incidencia directa en la correcta prestación del servicio” y planteó la “inconstitucionalidad” de la norma provincial y reclamó la nulidad de los actos administrativos en contra de su instalación en la provincia.
La procuradora Monti retoma esos argumentos en su dictamen cuando señala que “el art. 14 de la ley 10.606 resulta inconstitucional, pues aun cuando se refiere a la autorización para instalar o enajenar farmacias, en rigor de verdad avanza sobre la regulación de lo concerniente a su titularidad -materia que, como se indicó, es de exclusiva competencia del Congreso de la Nación- conculcando de este modo los principios consagrados en los arts. 31 y 75, inc. 12, de la Constitución Nacional. Al respecto, creo oportuno señalar que, contrariamente a lo afirmado por el tribunal, la norma provincial impugnada no se vincula con la modalidad del ejercicio de la profesión de farmacéutico y tampoco implica el control sobre la matrícula profesional, aspectos cuya reglamentación indudablemente corresponde a las autoridades locales”.
El Colegio de Farmaceúticos de la Provincia de Buenos Aires, luego de conocido el dictamen, sostuvo en un comunicado que “para los farmacéuticos es un claro ataque al federalismo en defensa de los negocios de un funcionario público. En su dictamen, los procuradores fiscales Laura Monti y Eduardo Casal, recomiendan hacer lugar al recurso de queja presentado por Quintana y su cadena, para revocar lo actuado por la justicia bonaerense”.
“El dictamen no sólo contradice las sentencias de todas las instancias de la provincia de Buenos, incluyendo a la Suprema Corte bonaerense, también va contra conceptos que nuestra ley custodia y que fortalece con cu cumplimiento: la salud no es una mercancía, las farmacias constituyen un servicio público y el medicamento es un bien social”, agregan los farmaceúticos.
Esta semana, en declaraciones a LN+, Quintana dijo que "fui fundador de Farmacity y presidente de ese directorio durante mucho tiempo; estoy en proceso de venta de mi participación de todo negocio que tenía antes, ya salí de casi todos, y espero antes de fin de año haber salido de Farmacity" y que el motivo para salir del negocio es "evitar un eventual conflicto de interés".
El fallo de la Corte no tiene una fecha inminente, dijeron fuentes el tribunal. Los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz se excusaron y no votarán. Rosenkrantz porque fue abogado de la empresa y Rosatti porque una mujer que trabajó en el Ministerio de Justicia cuando estuvo a cargo de la cartera, es ahora directora de la cadena. En la Corte recuerdan que el año pasado el máximo tribunal los ministros fallaron en contra de la cadena, en una demanda similar a la de la provincia de Buenos Aires. En ese caso, la contienda se dio en la provincia de Mendoza, donde existe una regulación similar a la bonaerense. La Corte provincial le había dado la razón a la cadena, que estaba en una contienda con el Colegio de Farmacéuticos de Mendoza. La Corte nacional revocó el fallo y ordenó que continuara la demanda.
