La Corte Suprema de Justicia resolvió en el acuerdo de hoy un fallo por el cual se agilizarán las demandas de los jubilados que iniciaron acciones para lograr una actualización de sus haberes.
Según consignó el Centro de Información Judicial, en el acuerdo la Corte dispuso el envío por parte de la Cámara Federal de la Seguridad Social de todos los juicios previsionales que hubiesen tramitado ante los juzgados federales con asiento en las provincias, a las Cámaras Federales que resulten competentes en razón de territorio.
Esta decisión fue adoptada tras resolver en los autos “Constantino, Eduardo Francisco c/ ANSeS” un conflicto negativo de competencia trabado entre la Cámara Federal de la Seguridad Social y la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, en el marco de una ejecución de sentencia por reajuste de haberes.
La Corte sostuvo que a dos años del dictado de la sentencia en la causa “Pedraza” -que ya había dispuesto el envío de determinados juicios previsionales a las cámaras federales de las provincias-, "era evidente que la situación de colapso de la Cámara Federal de la Seguridad Social continuaba, motivo por el cual resultaba necesario ampliar la remisión a esos tribunales".
"En efecto, la aguda crisis que impedía a la Cámara Federal de la Seguridad Social brindar un adecuado servicio de justicia a los jubilados no había cejado, en parte debido a que la política recursiva encarada por la ANSeS a lo largo de sus diferentes gestiones no había variado", sostuvo el CIJ.
Apelaciones a las Cámaras Federales
En el llamado caso Pedraza, la Corte resolvió que las Cámaras Federales con asiento en las provincias debían intervenir en grado de apelación contra las sentencias dictadas por los jueces federales de primera instancia de sus respectivas jurisdicciones.
La Corte destacó ahora el agravamiento que suponía para los jubilados la tardanza en resolver sus planteos de naturaleza alimentaria y, sobre la base del mandato que emerge de la Constitución Nacional y de los instrumentos internacionales de derechos humanos de garantizar el pleno goce de los derechos en particular respecto de los ancianos (art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional), reiteró la solicitud realizada en la Acordada 14/2014 a la Cámara Federal de la Seguridad y a los demás poderes del Estado para que adopten las medidas necesarias para acelerar todos los juicios previsionales.
El fallo de la Corte y la referencia al pedido a los otros poderes del Estado surge en momentos en que en el Congreso debe comenzar a discutirse la ley enviada por el Gobierno para agilizar y actualizar los pagos a los jubilados que tienen demandas en marcha.