Inclusión, a marzo
25 Marzo de 2025 09:21
En una nueva medida que genera polémica y debate, el Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la conducción de Patricia Bullrich, anunció la prohibición del funcionamiento de centros de estudiantes en las cárceles federales. La decisión, publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 372/2025, argumenta que estas organizaciones no están contempladas normativamente y que afectan la readaptación social de los internos.
Sin embargo, esta determinación no hace más que desmantelar uno de los pocos espacios de contención, organización y acceso genuino al derecho a la educación dentro de los penales. El Gobierno sostiene que la participación de los internos en los centros de estudiantes altera el régimen penitenciario, ya que su permanencia en espacios educativos fuera de los horarios de clase afecta el cumplimiento de tareas obligatorias, como el trabajo o el mantenimiento de los establecimientos.
Pero esta justificación encubre un avance sobre los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, al restringir su posibilidad de organizarse y fortalecer su formación académica. Los centros de estudiantes en las cárceles son históricamente una herramienta clave para garantizar el acceso a la educación en contexto de encierro. No solo permiten la articulación entre los detenidos y las instituciones educativas, sino que también brindan acompañamiento pedagógico y emocional, facilitando la continuidad de los estudios.
Prohibirlos es un ataque directo contra una de las pocas oportunidades de reinserción real que ofrece el sistema penitenciario. A pesar de que la resolución asegura que se garantizará el acceso pleno a la educación en todos sus niveles, en la práctica, la medida impone restricciones que dificultan su ejercicio. La eliminación de los centros de estudiantes limita la capacidad de los internos para ejercer sus derechos y acceder a herramientas de capacitación y formación que, paradójicamente, son fundamentales para la reinserción social que el mismo gobierno dice buscar.
El argumento del Ministerio de Seguridad de que estos espacios son utilizados como una excusa para evitar las obligaciones laborales dentro del penal ignora la realidad del sistema carcelario argentino. Lejos de ser un privilegio, la educación en la cárcel es un derecho reconocido por la Constitución Nacional y tratados internacionales. Además, el Estado está obligado a promover políticas que faciliten la reinserción social a través del acceso al estudio y el trabajo, no a restringirlas arbitrariamente.
La prohibición de los centros de estudiantes se suma a una serie de medidas del Gobierno que parecen priorizar una mirada punitivista por sobre los derechos humanos. En lugar de fomentar más herramientas de formación y apoyo dentro de las cárceles, se opta por un modelo de endurecimiento que poco contribuye a reducir la reincidencia delictiva y que, en cambio, perpetúa la exclusión y el abandono de las personas privadas de la libertad.
El impacto de esta decisión será profundo y preocupante. Con la eliminación de estos espacios de organización, muchos internos verán dificultada su posibilidad de continuar sus estudios, afectando su desarrollo personal y sus oportunidades de reinsertarse en la sociedad. Además de prohibir el funcionamiento de centros de estudiantes en el Servicio Penitenciario Federal, tampoco no se va a permitir "la permanencia de personas privadas de la libertad en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario en que deben asistir a las clases asignadas a cada uno de los internos".
Las autoridades nacionales señalaron que un centro de estudiantes "no está expresamente reconocida legalmente ni por la administración penitenciaria, tergiversa la finalidad de readaptación social de los internos toda vez que impide, en los hechos, el cumplimiento de las pautas del régimen de progresividad".
Asimismo, destacaron que se detectó "que en el ámbito de las cárceles los miembros de los denominados centros de estudiantes son pretexto del cumplimiento de supuestas tareas inherentes a tal función, permanecen en los centros educativos de lunes a viernes, durante toda la jornada: en el CPFCABA de 9.00 a 18.00 horas; en el CPF I de 9.30 a 17.30 horas y en el CPF IV de 10.00 a 17.00 horas, fuera del horario en que cada uno debe asistir a cursar las materias asignadas".
"Que la asistencia y permanencia de internos en los centros educativos durante toda la jornada impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social, en particular, tareas laborales, como así también aquellas actividades necesarias para el mantenimiento de los espacios propios y comunes que, a la par de resultar obligatorios para todos los internos", sumó el escrito.
Mientras tanto, el gobierno insiste en un discurso de mano dura que, lejos de solucionar los problemas estructurales del sistema penitenciario, los profundiza. En definitiva, la prohibición de los centros de estudiantes en cárceles es un retroceso en materia de derechos humanos y una muestra más de un enfoque que prioriza la represión por sobre la rehabilitación. En un país donde la educación es una herramienta clave para la inclusión, negar su pleno ejercicio en las cárceles es condenar a miles de personas a un futuro aún más incierto.
