por Natalia Torres
23 Enero de 2018 12:12
La enorme fortuna del gremialista Marcelo Balcedo, dirigente del SOEME (Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación), salió a la luz luego de su detención a principios de enero, en Uruguay.
Millones de dólares, autos lujosos y varias propiedades son algunas de las pruebas visibles de su trayectoria non sancta, según la acusación de la Justicia.
Silvina Cantón denunció haber sido extorsionada por el gremio de Balcedo.
Posibles vínculos con la banda narco rosarina Los Monos arrojaron una de las posibles vertientes de sus colosales ingresos. Pronto, se sumó otra posible fuente: la red de extorsiones que el sindicato había lanzado sobre varias instituciones educativas de todo el país sobre las que ni siquiera poseía jurisdicción. Se habla de 2.000 juicios iniciados en todo el país.
Silvina Cantón, directora de un jardín de infantes cordobés, fue una de las víctimas de Balcedo. La trama comenzó con la llegada de una carta documento en la que el SOEME la instaba a pagar un aporte a cambio de empleados de maestranza que no existían.
"Supongo que extrajeron los datos de la AFIP. Me pidieron que presentara el acta constitutiva del jardín, datos de la representante legal, cosas insólitas que en ninguna inspección te piden", le relata a BigBang.
Un proceso desgastante
Luego de que Cantón respondió con otra carta documento, llegó el contraataque del gremio: un documento en el cual le notificaban que no había dejado ingresar una inspección al jardín de infantes.
Balcedo fue detenido el 4 de enero en Punta del Este.
"Esa inspección jamás vino", asegura. "De hecho, tenía fecha del 5 de marzo que es el día de inicio de clases, un día en el que estamos más atentos que nunca y en el que hay padres esperando en la puerta. Además, el acta tenía errores: el jardín está en el barrio Villa Argentina y ellos lo pusieron como localidad, por ejemplo".
A pesar de las instancias legales a las que recurrió Cantón, eventualmente terminó siendo llevada a juicio por el SOEME, proceso que incluyó el embargo de su cuenta bancaria.
El acta de inspección apócrifa que recibió Cantón.
"Incluso me llamaron buscando un arreglo extrajudicial y patoteándome, no sé de donde sacaron mi teléfono", relata. "Fue allí cuando me puse a buscar información y me encontré con que mi caso no era el único: había otros en Córdoba y también en Corrientes, Misiones y Entre Ríos. Las cartas documento que mandaban desde el gremio eran todas iguales".
Cantón eventualmente terminó perdiendo el juicio por la demora en presentar documentación, determinada en parte por la ausencia de notificaciones del avance del proceso. Y en un giro insólito del caso fue condenada a pagarle 60 mil pesos al SOEME.
"Tengo todo listo para pagar porque me quiero sacar este peso de encima", se resigna. "Pero sé de una escuela para chicos discapacitados a la que han amenazado con embargarles bienes. No tienen corazón".
Otra extorsión
Rubén Capodaqua, el apoderado de la institución a la que hace referencia Silvina -la Escuela de Educación Especial Fray Mamerto Esquiú, de la localidad cordobesa de Oncativo- le relató su caso a La Nación.
"En 2014 se plantea la obligación que nosotros paguemos al SOEME un porcentaje por tener portero y personal de servicio, y no tenemos ni portero, ni personal de maestranza y servicio en la asociación", explicó.
"A partir del momento en que no nos presentamos al juicio por distintos factores, estos accionaron", agregó. "Se llevó adelante sin nuestra presencia y nos notificaron que nos embargaron la cuenta a sueldo".
Al parecer, la costumbre del SOEME de ejercer presión en instituciones educativas estaba más que extendida: el gremio de Balcedo habría iniciado al menos 2.000 juicios por deudas truchas.
