El 12 de junio, el juez federal de La Plata Alejandro Daniel Esmoris hizo lugar al pedido de 2x1 formulado por los represores Ramón Fernández y Abel Dupuy, ex jefe de la U9. Los dos habían sido fueron condenados a 25 años de prisión en 2010. Esmoris ya había otorgado el 2X1 en 2016 a un represor marplatense, aún antes del muy polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia que determinó la libertad del represor Luis Muiña. Los fiscales apelarán la decisión del juez, de modo que los represores no saldrán en libertad por ahora. No es la primera vez que un represor pide el 2X1 desde que fuera sancionada la ley que supuestamente anula sus efectos, pero sí es la primera vez que un juez accede al pedido. Sin embargo, ahora queda pendiente una pregunta: ¿sirve para algo la ley recientemente aprobada por el Congreso que, se suponía, anulaba sus efectos, o en realidad no sirve para nada?
Cientos de miles de pañuelos blancos, durante la reciente movilización a Plaza de Mayo.
La ley 27.362 aprobada el 10 de mayo por las dos cámaras, con el único voto en contra del diputado salteño Alfredo Olmedo, excluye taxativamente a los autores de crímenes de lesa humanidad del beneficio. Sin embargo, el juez Esmoris no sólo no la tuvo en cuenta sino que consideró en su fallo el antecedente del caso Muiña, precisamente el que derivó en la impresionante movilización multisectorial de medio millón de personas en Plaza de Mayo y en la sanción de la ley. Para la abogada en causas de Derechos Humanos y dirigente del PTS en el FIT Myriam Bregman "la ley sancionada por el Parlamento es declarativa. El problema es que la Corte generó una situación jurídicamente muy extraña, porque lo que dice la ley sancionada es hasta obvio: que una ley derogada hace 16 años no tiene vigencia. Ahora la Corte no puede mirar para otro lado, porque lo que la sociedad le pidió es que revierta lo que hizo, que cierre la puerta que abrió para que salgan los genocidas. Lo necesario es que la Corte se pronuncie nuevamente".
Se supone que ya no se podía aplicar el 2X1. Sin embargo, un juez lo hizo.
El diputado nacional Juan Cabandié (FPV), autor de uno de los proyectos que impulsa el juicio político a los jueces de la Corte Suprema que votaron el 2X1, niega que el proyecto aprobado por el Congreso haya dejado algún vacío que permita un fallo como el del juez Esmoris. "La ley es bastante clara y lo que está haciendo el juez es directamente desconocerla. Creo que el Consejo de la Magistratura tiene que tomar medidas con este juez y desde luego que nuestros representantes las van a impulsar. Lo que hizo Esmoris es horrible y no tiene ninguna justificación legal".
Juez Alejandro Esmoris, amigo del 2X1.
Abel Dupuy fue condenado a prisión perpetua por cinco casos de homicidio calificado por alevosía, torturas seguidas de muerte en un caso y tormentos agravados por ser perseguidos políticos en 57 casos. Ramón Manchado Fernández fue condenado por un caso de torturas seguida de muerte y tormentos agravados en otros 13 casos. Los dos eran penitenciarios de la U9, cárcel que funcionó como centro clandestino de detención durante la dictadura.
Mientras esperan ser tratados en comisión en el Parlamento los proyectos de juicio político a los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Eduardo Rosatti, el polémico fallo de Esmoris sienta, otra vez, un precedente peligroso. ¿Alcanza con la ley votada por el Congreso, o hace falta alguna otra herramienta jurídica para evitar la impunidad?