Lealtad por encima de la idoneidad
28 Enero de 2025 12:45
El gobierno nacional anunció la designación de Santiago María Castro Videla como nuevo Procurador del Tesoro, en reemplazo de Rodolfo Barra, quien fue desplazado en medio de una controversia judicial que sacudió los cimientos del Ejecutivo. La decisión de apartar a Barra se precipitó tras un dictamen que contrarió los intereses del gobierno en un juicio por incentivos salariales, sumado a sospechas de "deslealtad" y vínculos con ex funcionarios caídos en desgracia. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien intentó minimizar la crisis institucional con una presentación formal y fría del nuevo funcionario.
Sin embargo, detrás de la prolijidad del acto protocolar, se esconde una decisión que expone una vez más la fragilidad y el autoritarismo de un gobierno que no tolera la más mínima disidencia. La salida de Rodolfo Barra se produjo tras un fallo que el Gobierno consideró una "traición". La causa en cuestión se originó a partir del cierre de los Registros del Automotor, una medida impulsada por la Casa Rosada bajo la excusa de eliminar "cajas políticas". Como consecuencia, miles de trabajadores perdieron sus empleos o fueron recontratados sin los incentivos salariales que habían percibido bajo la gestión de ACARA.
Una de ellas, identificada como A.T., demandó al Estado y obtuvo un dictamen favorable de la Procuración del Tesoro. El documento firmado por el segundo de Barra, Marcos Serrano, estableció que el incentivo salarial que percibía la demandante tenía "carácter remunerativo" y que, por lo tanto, debía ser restituido. Aunque la opinión de la Procuración no es vinculante, en la Casa Rosada se interpretó como un golpe directo a la estrategia oficialista y una "puerta abierta" para futuros reclamos judiciales. Pero lo que más indignó al gobierno no fue el dictamen en sí, sino la actitud de Barra: según trascendió, intentó desligarse de la decisión.
Además, fuentes cercanas a la Rosada confirmaron que culpó a su subordinado, lo que desató una tormenta interna que terminó con su salida inmediata. Lo cierto es que según el vocero presidencial, el elegido para ocupar el cargo es Santiago María Castro Videla, un abogado especializado en Derecho Administrativo con trayectoria en el estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla Abogados. Aunque su perfil académico es sólido, su nombramiento deja más dudas que certezas, especialmente por su cercanía con sectores ultraconservadores y su escasa experiencia en litigios de gran envergadura.
Castro Videla llega al cargo en un contexto de inestabilidad dentro del gabinete, donde las internas y purgas son moneda corriente. Su principal desafío será mantener la independencia del organismo que ahora encabeza, algo que su predecesor no logró hacer sin pagar el precio más alto. Sin embargo, la historia reciente sugiere que su rol estará más orientado a la obediencia que a la imparcialidad jurídica. El desplazamiento de Barra y la llegada de Castro Videla confirman una vez más que el gobierno de Javier Milei no tolera divergencias, ni siquiera dentro de su propia estructura de poder.
En un Gobierno que premia la lealtad por encima de la idoneidad, el mensaje es claro: cualquier funcionario que ose contradecir la voluntad presidencial está condenado a la expulsión. La Procuración del Tesoro, organismo clave en la defensa jurídica del Estado, debería funcionar como un ente técnico y autónomo. Pero con cada nueva designación, el gobierno refuerza su intención de convertirlo en un brazo más del aparato político oficialista. La pregunta que queda flotando es si Castro Videla será capaz de ejercer su cargo con independencia o si, como tantos otros, terminará siendo una pieza más en la maquinaria de obediencia ciega que caracteriza a esta administración.
