El Gobierno nacional fijó unilateralmente el nuevo salario mínimo docente en $500.000 a partir de febrero de 2025, tras el fracaso de las negociaciones con los gremios. La medida, oficializada en la Resolución 381/2025, publicada en el Boletín Oficial, fue tomada sin el aval sindical y con un incremento del 19% respecto al monto anterior, quedando muy por debajo de la inflación acumulada en el mismo período.
Una vez más, la administración nacional decidió avanzar sin el consenso de los sindicatos docentes, que desde hace meses vienen reclamando una recomposición salarial acorde con el índice de inflación y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un instrumento clave que garantizaba un complemento salarial financiado por el Estado nacional. La eliminación del FONID no solo afectó el poder adquisitivo de los docentes, sino que trasladó completamente la responsabilidad de sus ingresos a las provincias, muchas de las cuales atraviesan una crisis financiera a causa de los recortes que realizó la gestión de Milei.
El nuevo salario mínimo docente, que aplicará al cargo testigo de maestro de grado común con jornada simple y sin antigüedad, no alcanza para cubrir la canasta básica total. Según los datos del INDEC, la línea de pobreza para una familia tipo en enero de 2025 rondaba los $690.000, lo que significa que un maestro que recién inicia su carrera seguirá por debajo del umbral de pobreza. Lejos de garantizar un "piso común equitativo", como argumenta el Gobierno, esta imposición salarial profundiza la precarización del sector educativo y desestima la importancia de un acuerdo real entre las partes.
La falta de diálogo con los gremios quedó en evidencia en la reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Marco, donde el Ejecutivo y los sindicatos expusieron sus posiciones sin llegar a un acuerdo. Sin embargo, el Gobierno avanzó con su decisión argumentando que la cifra propuesta había sido respaldada por el Consejo Federal de Educación. Este organismo, compuesto por los ministros de educación de las 24 jurisdicciones, no representa directamente los intereses de los trabajadores docentes, lo que pone en duda la legitimidad de la medida.
Además de la actualización salarial, el Ministerio de Capital Humano insistió en que "las puertas del diálogo están abiertas" para evitar paros y garantizar el inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, la falta de voluntad para acordar una recomposición salarial real contradice este discurso. La medida adoptada por el Ejecutivo no solo desoye las demandas del sector, sino que desconoce la grave situación económica que enfrentan los docentes en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y aumento de la desigualdad.
La judicialización del reclamo por la eliminación del FONID sigue sin una resolución clara, mientras que las autoridades nacionales se desentienden de su responsabilidad en la financiación de los salarios docentes. La decisión de transferir completamente la carga a las provincias, sin una estructura de financiamiento sólida, agrava el conflicto y abre la puerta a mayores desigualdades entre jurisdicciones, donde los docentes de algunas provincias quedan aún más relegados.
Con este escenario, el inicio del ciclo lectivo 2025 se encuentra en riesgo, con gremios que anticipan medidas de fuerza y un Gobierno que insiste en imponer condiciones sin negociación real. La educación pública, una vez más, queda como rehén de una política que prioriza el ajuste por sobre el reconocimiento de los docentes como actores fundamentales del sistema educativo.