Una jueza desarmó la represión de Bullrich: ordenó la liberación de 114 de los detenidos en la zona del Congreso

La jueza Karina Andrade del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ordenó la liberación de 114 de los 124 detenidos que hubo ayer en el marco de la brutal represión a jubilados e hinchas de fútbol solidarios que realizaron las tropas a cargo de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, operativo del cual también fue parte la Policía de la Ciudad, que responde al gobierno de Jorge Macri.

"Respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión", dictaminó, tajante, la magistrada. La definición sonó como un poco de cordura en el marco de una locura institucional que ayer pasó muchos límites, como la detención de periodistas o el impedimento de ingresar al Congreso Nacional a la diputada del Frente de Izquierda Unidad (FITU) Vanina Biasi.

"Sin perjuicio de no emitir opinión respecto de la aplicación del derecho de fondo, o a la investigación que podrá continuar la fiscalía, la complejidad de derechos en juego para informar y determinar la existencia de una conducta penal impide la aplicación del trámite de flagrancia", precisó Andrade. El concepto de "flagrancia" se refiere a encontrar al detenido cometiendo un delito, algo que no percibió en estos casos la jueza. 

Al mismo tiempo, Andrade cuestionó las medidas que pudieron verse en el brutal operativo de ayer, en el cual las tropas porteñas, que se encargaron de capturar a 93 de los 124 apresados, pasearon en camionetas y camiones a los detenidos, sin dar información de ellos hasta que ingresaran a alguna comisaría o establecimiento institucional.

"A medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa para mi tarea judicial. Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después", explicó la magistrada.