07 Marzo de 2018 12:12
A casi cuatro meses de la desaparición del submarino ARA San Juan, las familias de 32 de los 44 submarinistas que se encontraban a bordo de la nave cobrarán seguros de vida por cifras menores a los 50 mil pesos, ya que sólo tenían una cobertura básica. El resto cobrará cifras superiores a los $600 mil.
Según el diario La Nación, 32 de los 44 submarinistas tenían sólo la cobertura básica establecida por ley, que define la prestación de 5,5 salarios mínimos e incluye un seguro de sepelio por $3.800 más un seguro social obligatorio por $44.330. En total, recibirán $48.130.
Las otras 12 familias percibirán una suma mayor, de entre $603.180 y $822.230, ya que habían contratado un seguro de vida colectivo voluntario con la empresa SMG Life, que representa 25 haberes que varían de acuerdo a la jerarquía. Sin embargo, las 44 familias podrán cobrarlo recién cuando se cumplan seis meses desde que se declarara el fallecimiento por “presunción de accidente”. Eso ocurrirá recién el próximo 15 de mayo.
El paradero del ARA San Juan es un misterio.
Según se supo, la Armada hizo gestiones para que los familiares puedan cobrar antes de esa fecha. Semanas atrás, BigBang reveló que varios familiares de los submarinistas aún no pudieron regresar a sus trabajos. “No me siento preparado aún para manejar un colectivo”, le dijo a este medio Daniel Polo.
Los datos surgieron de la Dirección General de Salud y Acción Social dela Armada. Para “agilizar” el pago, los familiares deben realizar voluntariamente los trámites, lo que genera rechazo en un grupo importante de familiares. Hasta fines de febrero sólo una familia había iniciado los papeles, según La Nación.
Por otro lado, el Ministerio de Defensa evaluaba otorgar una compensación por única vez a los deudos, con derecho a pensión y a las esposas. Además, el Gobierno no descartaba otorgar un subsidio permanente para cobrar todos los meses, así como también becas para cubrir los estudios de los hijos de los tripulantes hasta el nivel terciario. Sin embargo, los familiares podrán iniciar demandas civiles contra el Estado.
