2025 no será muy diferente a 2024 en cuanto a conflictos salariales, presiones gremiales y el silencio absoluto del Estado comandado por La Libertad Avanza. Ahora, son los trabajadores de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) quienes advirtieron que una medida de fuerza podría llevarse a cabo ni bien arranque el próximo año.
Esto es porque hace 15 días, la Secretaría de Trabajo comandada por Julio Cordero, dictó una conciliación obligatoria entre las empresas y los gremios que visibilizaron un problema salarial a futuro con los salarios que se fijaron hace sólo un mes atrás.
La conciliación debía resolverse en la jornada del jueves 26 de diciembre sin embargo, desde la cartera de Cordero volvieron a poner el palo en la rueda: dictaron un cuarto intermedio y la reunión sobre salarios y paritarias recién se podrá celebrar durante el viernes 3 de enero, ya en 2025.
Es por eso que, ante la dilatación en las discusiones sobre salario, desde UTA advirtieron que el paro total de colectivos sería segunda semana de enero que es cuando finalmente termina el plazo de la conciliación obligatoria.
Fue el 19 de diciembre cuando el gobierno de La Libertad Avanza ponía paños fríos: "La medida adoptada se da en el marco del paro programado para el día jueves 19 de diciembre, que quedará sin efecto a partir de las medidas dictadas por la Secretaría de Trabajo en el ámbito de su competencia".
Esa decisión frenó las disputas salariales y ya advierten que podría dictarse una nueva para frenar así las posibles medidas de fuerza del sector de transporte. Sin embargo, los gremios apuestan a otras medidas como la "eliminación de colectivos" en caso de no actualizar los salarios como alternativa al paro total de actividades en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Lo que está en discusión ahora es el pago del aguinaldo en particular pero en general se discute también quiénes pagan los costos de la estructura de transporte. Desde el sector empresarial quieren lavarse las manos alegando que desde 2009 no tienen actualización de los costos por lo que no se podría determinar el nivel de subsidios para poder sostener el sistema de transporte.
"El Gobierno actualizó los costos hasta el mes de octubre -con precios para los insumos de julio-, pero no hizo lo mismo en noviembre, diciembre y enero, donde cae la negociación paritaria", alegaron desde el sector empresarial.
Por su parte, desde el gobierno de Javier Milei niegan rotundamente esas declaraciones y sostienen que cuando hablan con el gobierno nacional, no obtienen respuestas clarificadoras. Una vez más, los usuarios peligran: en caso de no llegar a un acuerdo entre empresas y el gobierno de La Libertad Avanza, el boleto podría pasar a costar de $900 a $1300 pesos; esa diferencia tiene que ver con los subsidios de los que hasta ahora no parece haber una solución en vista.