El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, anunció una drástica decisión: dará de baja todos los permisos otorgados en el marco del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), lo que supone un reinicio total del sistema que habilita el autocultivo para fines medicinales. La medida fue confirmada por la ministra Patricia Bullrich, quien justificó la decisión en la supuesta proliferación de irregularidades y el desvío del cannabis cultivado legalmente hacia el mercado ilegal. "Vamos a dar de baja todo, vamos a empezar de cero, porque hecha la ley, hecha la trampa", afirmó Bullrich durante una entrevista en el canal TN.
La funcionaria insistió en que, si bien el cannabis medicinal es legal en Argentina, lo que no está permitido es su comercialización fuera del marco regulado. "Este descontrol hace que tengamos menos marihuana en la frontera y mucha más sembrada en cualquier lugar del país", agregó. La decisión del Gobierno no es aislada. En diciembre del año pasado, a través de la Resolución 3132/2024 del Ministerio de Salud, se impusieron nuevos requisitos para obtener la habilitación de cultivo.
Entre las condiciones establecidas, se incluyó la obligatoriedad de contar con una "diplomatura o maestría" en el uso medicinal de la planta, lo que según el Gobierno busca fortalecer los controles y garantizar la transparencia del sistema. Sin embargo, la decisión de eliminar todos los permisos otorgados hasta la fecha genera una fuerte controversia. La ley 27.350, que dio origen al Reprocann, representó un avance significativo en materia de derechos para quienes utilizan cannabis con fines terapéuticos.
El sistema permitió, por primera vez, que pacientes con indicación médica accedieran legalmente a la planta sin temor a ser criminalizados. Actualmente, el registro es voluntario y garantiza la confidencialidad de los datos de los inscriptos, quienes pueden solicitar autorizaciones para autocultivo, o bien para que un tercero, ya sea un familiar o una organización civil, lo haga en su nombre.
Según los datos proporcionados por la ministra de Seguridad, durante la gestión del expresidente Alberto Fernández se habrían aprobado más de 300.000 permisos de cultivo. Bullrich también mencionó que se otorgaron 30.000 permisos adicionales a cultivadores solidarios, quienes producían cannabis para otros pacientes. En este punto, la ministra cuestionó la falta de regulación por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sobre los aceites y preparados derivados del cannabis que circulan en el mercado.
Uno de los argumentos esgrimidos por Bullrich para justificar la decisión del Gobierno fue la detección de presuntas irregularidades en el uso de los permisos otorgados. A modo de ejemplo, citó el caso de un hombre vinculado a la hinchada del club Colón de Santa Fe, quien habría sido detenido con un carnet de Reprocann que no le pertenecía y que, según la ministra, le permitía cultivar 18 plantas pero en realidad poseía 18.000. "Nos lo llevamos detenido", relató la funcionaria, quien describió que el implicado operaba con un sistema de cultivo sofisticado, con luces y mantenimiento continuo.
La eliminación masiva de permisos abre una serie de interrogantes sobre el futuro del acceso al cannabis medicinal en Argentina. Hasta el momento, los certificados tenían una vigencia de tres años desde su emisión. Ahora, con la decisión de dar de baja el sistema actual y reiniciarlo, se desconoce qué sucederá con los miles de pacientes que dependen del autocultivo para su tratamiento. Se espera que en los próximos días el Gobierno oficialice la medida en el Boletín Oficial y detalle los alcances de la nueva normativa.
Mientras tanto, la decisión del Ejecutivo genera críticas por parte de sectores políticos y organizaciones de pacientes y cultivadores solidarios, quienes denuncian un retroceso en materia de derechos y una posible criminalización de quienes utilizan el cannabis con fines medicinales. En un contexto de creciente debate sobre las políticas de drogas en Argentina, la medida adoptada por el Gobierno podría abrir un nuevo frente de conflicto en el plano legislativo y judicial.