30 Junio de 2016 19:07
En la misma resolución por la cual se confirmó el procesamiento con prisión preventiva del empresario Lázaro Báez por el delito de lavado de dinero, la Sala II de la Cámara Federal ordenó hay al juez Sebastián Casanello que profundice la investigación respecto de la ex presidenta Cristina Kirchner.
Qué dijeron los camaristas
“Es de la lógica más elemental sospechar acerca de la íntima relación existente entre la cuantiosa adjudicación de obra pública a Báez (y su grupo económico) y las referidas relaciones del nombrado con los ex Presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández”, dijeron los camaristas.
Los camaristas señalaron que ya estaban conformadas en el proceso las sospechas que involucraban a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Planificación y la Secretaría de Obras Públicas, porque -dijeron- “es de sentido común concluir que resulta inviable pretender enfocar la instrucción en el extraordinario incremento patrimonial -ilícito- que exhibió Lázaro Báez, sin adentrarse a analizar su relación con el cuadro de conexiones y manejos mencionado, avanzando así sobre la hipótesis de un eventual acuerdo de voluntades para hacerse espuriamente de fondos públicos, de forma planificada y continuada, -a través de influencia, decisión directa o connivencia de integrantes del poder político-".
En su resolución, los camaristas le señalaron a Casanello que “nada de lo afirmado por quienes suscriben implica dejar de observar que los acontecimientos fueron sujetos por el juez, hasta aquí, a un examen limitado que aborda aspectos parciales -y menores- de aquellos”.
Dijeron los jueces:
Que Báez manejó caudales de dinero elevados presuntamente provenientes de delitos;
(2) que la investigación sobre la procedencia de esos bienes no puede ser desligada de la circunstancia de que “sus empresas fueron adjudicadas para ejecutar numerosas obras públicas, solventadas con fondos asignados por el Estado Nacional a través del Ministerio de Planificación”;
(3) que “paralelamente existieron, en forma continuada y repetida, vínculos -al menos- comerciales que unían a firmas privadas de Lázaro Báez con otras ligadas a la por entonces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández o a familiares de la nombrada.
Ello era así mientras todo lo anteriormente explicado se desarrollaba, e incluso desde antes”, por lo que “es de la lógica más elemental sospechar acerca de la íntima relación existente entre la cuantiosa adjudicación de obra pública a Báez (y su grupo económico) y las referidas relaciones del nombrado con los ex Presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández”.
La resolución de la Cámara Federal se produjo el mismo día en que el juez Claudio Bonadio ordenó el allanamiento de las propiedades de la familia Kircher en Santa Cruz, lo que provocó el enojo de la ex Presidenta que criticó la medida en una serie de tuits.
