Pobre Jamoncito
13 Marzo de 2025 14:09
La jornada del 12 de marzo de 2025 quedará marcada por la brutal represión policial comandada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante una protesta de jubilados en las inmediaciones del Congreso Nacional. Los enfrentamientos dejaron un saldo de 124 detenidos y decenas de heridos, lo que desató una ola de críticas tanto dentro como fuera del oficialismo. En este contexto, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a mostrar fisuras con el presidente Javier Milei, evidenciando una ruptura política que parece ya irreparable.
Villarruel, quien ha mantenido en varias ocasiones posturas disonantes respecto a las decisiones del Ejecutivo, y ahora expresó su desacuerdo con la violencia empleada en la manifestación. En declaraciones públicas, afirmó: "Como abogada, siempre considero que, ante cualquier hecho como el de ayer a las puertas del Congreso de la Nación y la zona aledaña, tiene que expedirse la Justicia. Me solidarizo con todos los heridos, sean quienes fueron a manifestar como, principalmente, las fuerzas federales, que ponen el cuerpo en situaciones de mucha violencia. A todos los heridos, mi apoyo". Estas palabras contrastan con la narrativa oficial del gobierno libertario, que calificó los disturbios como un "intento deliberado de desestabilización".
Después de la represión, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no tardó en responder con una interpretación completamente opuesta a la de la vicepresidenta. Según Francos, los incidentes fueron parte de una estrategia organizada por sectores opositores para generar caos político. "La protesta estuvo organizada al grito de que se vayan todos", señaló el funcionario, quien además defendió la actuación policial como una medida legítima para garantizar el orden público. En un tono más severo, advirtió que el gobierno no dudará en "reprimir con más fuerza" futuros episodios de violencia.
Las contradicciones entre Villarruel y los funcionarios cercanos a Milei no son nuevas. En reiteradas ocasiones, la vicepresidenta ha adoptado posturas que contradicen el discurso oficial. Sin embargo, esta vez el quiebre parece haberse profundizado. Mientras el Ejecutivo insiste en responsabilizar al kirchnerismo y a grupos organizados por los disturbios, Villarruel calificó la protesta como "el ejercicio de la democracia", aunque subrayó que "la violencia no es una herramienta para manifestarse ni para defender ninguna causa".
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también quedó en el centro de las críticas por su rol en la represión. Aunque el gobierno respaldó su accionar, los cuestionamientos no tardaron en llegar desde diversos sectores políticos y sociales. La liberación masiva de detenidos por decisión de la jueza Karina Andrade añadió un nuevo capítulo al conflicto. Mientras Bullrich y Francos lamentaron lo que consideraron un "error judicial", Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia fue aún más lejos al acusar a la magistrada de un posible "incumplimiento de funciones".
En sus redes sociales, Cúneo Libarona escribió: "Los barrasbravas son criminales organizados que ayer fueron al Congreso a destruir todo lo que tuvieran a su alcance y agredir a la policía. No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad". Estas declaraciones refuerzan la postura del gobierno, pero también subrayan el abismo entre los funcionarios libertarios y la vicepresidenta.
El trasfondo político de estas tensiones no puede pasarse por alto. Villarruel ha sido una figura clave dentro del espacio libertario para llegar a la presidencia, pero su relación con Milei se ha deteriorado visiblemente en los últimos meses siendo acusada de "tener agenda propia". Mientras Milei y su círculo más cercano optan por discursos beligerantes y medidas represivas, Villarruel parece intentar posicionarse como una figura moderada dentro del oficialismo.
La marcha del 12 de marzo fue convocada originalmente por jubilados para reclamar mejoras en su calidad de vida y pidieron también que el ajuste libertario, cese. Sin embargo, lo que comenzó como una manifestación pacífica terminó en enfrentamientos violentos con las fuerzas policiales; la detención inicial de 124 personas generó indignación en amplios sectores sociales, pero fue la liberación posterior de más de 110 detenidos lo que encendió aún más las tensiones dentro del gobierno.
Mientras, la fractura política entre Victoria Villarruel y Javier Milei no solo complica la gobernabilidad del oficialismo, sino que también pone en evidencia las profundas contradicciones internas del espacio libertario. Mientras algunos funcionarios insisten en endurecer las medidas represivas para controlar futuras protestas, otros llaman a respetar los derechos democráticos y evitar excesos policiales.
