¡Afuera!
16 Agosto de 2024 09:25
A más de un mes de la visita de los diputados de la Libertad Avanza a la prisión de Ezeiza para reunirse con represores condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, el próximo martes se iniciará la discusión sobre los proyectos de ley para investigar la aberrante conducta que tuvieron los legisladores libertarios Lourdes Arrieta, Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci.
Recordemos que todos ellos salieron sonrientes, posando en una sala de usos múltiples que también funciona como capilla, junto a genocidas de la talla de Raúl Guglielminetti, Marcelo Cinto Courtaux, Mario Marcote, Carlos Guillermo Suárez Mason, Gerardo Arráez, Julio César Argüello, Manuel Juan Cordero Piacentini, Alfredo Astiz, Adolfo Donda, Miguel Britos, Juan Agustín Oyarzabal y Honorio Carlos Martínez Ruiz.
Por este motivo, la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados de Argentina, presidida por Silvia Lospennato, convocó a esta suerte de reunión informativa para el martes próximo con el objetivo de debatir el proyecto de ley que buscará investigar la conducta de seis diputados de La Libertad Avanza. Cabe destacar que todo trascendió semanas atrás gracias a un informe periodístico presentado por Argenzuela, ciclo que conduce Jorge Rial por C5N.
Allí mostraron fotos, videos y chats de un total de 13 legisladores libertarios, Santiago Santurio, María Emilia Orozco, Gerardo Huesen, Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, Lilia Lemoine, Nicolas Fernando Mayoraz, Maria Fernanda Araujo, Carlos Zapata, Lourdes Arrieta, María Celeste Ponce y Alberto Arancidia, organizando un plan para reemplazar jueces y fiscales pro Derechos Humanos con funcionarios afines a la idea de liberación de los genocidas.
Los encuentros, al menos fueron un total de tres, se llevaron a cabo en la "Fundación San Elías", ubicada en Montevideo 871, en el centro de Buenos Aires, dirigida por el sacerdote libertario Javier Olivera Ravasi, hijo del genocida Jorge Antonio Olivera, condenado a cadena perpetua por múltiples crímenes durante la dictadura. Allí discutían las formas de lograr que algunos de los genocidas logren su libertad, es decir, pasen el resto de sus condenas desde la comodidad de sus casas.
Inicialmente, la reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados estaba programada para el jueves de esta semana, pero debido a la larga duración de la sesión especial iniciada el miércoles, fue necesario reprogramarla para el martes a las 12 horas. Unión por la Patria (UP) intentó incluir en la fallida sesión del 7 de agosto su proyecto de ley para crear una comisión especial que investigara la visita de estos diputados liberales a los genocidas.
Sin embargo, un acuerdo entre los líderes de los distintos bloques en la reunión de Labor Parlamentaria desactivó esta iniciativa, proponiendo en su lugar que la cuestión se trate en la comisión liderada por Lospennato. Germán Martínez, líder del bloque de UP, aceptó esta solución, aunque sabía que muchos de sus compañeros preferían llevar el proyecto directamente al pleno sin dictamen, sabiendo de todas maneras que era casi improbable que ganaran la votación.
La visita al penal de Ezeiza fue organizada por el cura Olivera Ravasi y el diputado entrerriano Benedit, quien junto a un numeroso grupo de legisladores de su bloque participaron en un grupo de WhatsApp junto con abogados defensores de la dictadura y la jueza Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura. Durante la visita, los diputados llevaron un borrador de ley redactado por el cura que proponía suavizar las condiciones de detención de los genocidas.
De esta manera, se buscaba que a los represores se les permita la prisión domiciliaria. La situación generó repudio en la sesión del miércoles por parte de diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y el radical Pablo Juliano. Finalmente, UP propuso una moción para incluir en el temario el proyecto de la diputada Gisela Marziotta, que busca expulsar a los seis diputados libertarios involucrados en el escándalo. Sin embargo, la moción fue rechazada.
