Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fallara a favor del gobierno porteño y emitiera una medida cautelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se le entregue el 2,95 por ciento de los fondos coparticipables que el Gobierno nacional le había quitado en 2020 para otorgárselo a la provincia de Buenos Aires, el oficialismo confirmó que desconocerá el fallo y elaboró una respuesta jurídica para argumentar la decisión.
La decisión fue tomada por el presidente Alberto Fernández ayer, en una reunión que duró toda la tarde, la cual compartió con 14 gobernadores y tuvo la presencia unitaria del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, del riñón de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En el encuentro, elaboraron el comunicado titulado "un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento", donde cuestionan los 180 mil millones de pesos extra que le quisieron dar al distrito más rico del país y la decisión del máximo organismo del Poder Judicial, de ir en contra de lo votado por el Congreso Nacional en el Presupuesto 2023.
Además, desde el oficialismo también aprovecharon la situación para informar que el Presidente "ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria 'in extremis' de la resolución cautelar dictada".
Durante la elaboración el mandatario estuvo asesorado por gente de su máxima confianza, como la secretaria de Legal y Técnica y ex esposa del mandatario, Vilma Ibarra; el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.
El documento también estuvo firmado por los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raul Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ri?os, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfra?n; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de San Juan, Sergio Un?ac; de San Luis, Alberto Rodri?guez Saa?; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucuma?n, Osvaldo Jaldo.
"Estamos frente a un choque de poderes. Han logrado algo increíble: que un fallo contradiga al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Definitivamente está actuando con un criterio político", declaró el presidente ayer por la noche ante C5N. Aunque su acusación durante la entrevista fue mucho más lejos, ya que disparó con munición pesada de cara ca 2023: "No sé si la Corte quiere financiar la campaña de Larreta, pero es lo que va a terminar haciendo".
La oposición puso el grito en el cielo
Tras la jugada oficialista que corrió la vara para sacarse el mote de interferir en el Poder Judicial, para ponerlo como una intromisión de la Corte Suprema hacia el Poder Legislativo, la oposición de Juntos por el Cambio estalló de bronca y amenazó con causas penales, juicios políticos y demandas de todo tipo."El Presidente de la Nación tomó la decisión de no acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia y decidió presentar una recusación contra todos los jueces de la Corte para evitar que participen del proceso. Esto no es en contra de la Ciudad: es en contra de la Constitución Nacional, de la seguridad jurídica en nuestro país, es en contra de cualquier posibilidad de desarrollo", declaró esta mañana ante la prensa el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, subiéndole el tono al conflicto y calificándolo como algo de "altísima gravedad institucional que pone en riesgo las bases de la democracia".
"El Presidente decidió quebrar el orden constitucional, violar por completo el Estado de Derecho y atentar contra la democracia", acusó Larreta. "Desde la vuelta de la democracia no hay antecedentes de un Presidente no cumpliendo un fallo de la Corte", agregó.
"¿Quién va a confiar en un país donde no se respetan las decisiones de la Justicia? ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a generar trabajo? ¿Qué podemos esperar los argentinos si el propio Presidente no cumple la ley? Esto supera todos los límites imaginables", se preguntó el mandatario de la CABA.
Ayer por la noche, quien fuera su mentor político y hoy su rival en una futura interna, el ex presidente Mauricio Macri, criticó la decisión gubernamental en una serie de tuits. Allí aseguró que "las sentencias no se discuten, se cumplen. La desobediencia de una sentencia de la Corte Suprema destruiría la continuidad jurídica de la Nación y nos expondría a la anarquía".
Al mismo tiempo, la referente de la Coalición Cívica (CC), Elisa "Lilita" Carrió, advirtió que junto a otros referentes de su espacio denunciará al Presidente y a los 14 gobernadores por incumplimiento de deberes de funcionario público, porque "quieren chocar las instituciones pero van a perder, no lo van a lograr".
Algo que apoyó el presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, quien tuitió contra la irresponsabilidad "de extrema gravedad" de Fernández que "vulnera la ley y la Constitución y genera cada vez mayor inseguridad jurídica e incertidumbre".
La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, también cuestionó la decisión del Ejecutivo ayer en la señal TN, donde señaló que con lo hecho "han decretado la muerte de la Constitución".
Las críticas de los constitucionalistas
"Yo creo que Alberto está dando un mensaje contrario a lo que es propio de un hombre de derecho, de un profesor universitario, de una de las facultades de Derecho más prestigiosas del mundo. Es claro que los fallos se cumplen y más en esta instancia. Justamente él, que se jacta de ser una persona respetuosa de la ley, que viene de una familia de profesionales del Derecho, esté contradiciendo esos valores que seguramente le deben haber transmitido en su casa. Me llama la atención", cuestionó ante Infobae el abogado constitucionalista Diego Armesto.El letrado no fue el único que advirtió que la jugada del Ejecutivo carece de fundamentos legales y técnicos para ser realizada, ya que también Daniel Sabsay lo cuestionó. "La Corte Suprema es, precisamente, el control contramayoritario que está concebido en la Constitución de Filadelfia, de los Estados Unidos, de 1787, que trata, justamente, no sobre el mérito y conveniencia de una decisión de uno de los poderes políticos, pero sí de cuando ellos incurren en errores vinculados con la posibilidad de afectar derechos o garantías constitucionales".
Más duro fue Alejandro Fargosi, quien calificó lo sucedido como "un golpe de Estado contra el Poder Judicial". “Todos los gobiernos han respetado siempre a la Corte Suprema, o la han cambiado, pero nunca la desobedecieron. Por primera vez en la historia, y sin ningún tipo de vergüenza, estas personas violan también los artículos 116 y 117, que establecen que las discusiones las resuelve el Poder Judicial y que aquellas que son entre las provincias, como es en este caso la Ciudad, la Corte", explicó Fargosi.