El ministro del Interior, Rogelio Frigerio anunció que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se mostró dispuesta a retirar la demanda ante la Corte Suprema por el Fondo del Conurbano, por lo que el Estado se encargará del monto reclamado.
Lo que sucedía es que Vidal pretende que la provincia de Buenos Aires reciba un presupuesto mayor de parte del Estado nacional para el fondo. La ecuación es sencillla: más plata para la provincia de Buenos Aires significa menos para las demás. Eso sería unos $53.000 millones. Así que el multimillonario reclamo de Vidal llegó a la Corte Suprema de Justicia.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, explicó que hubo avances para que las provincias y el Estado Nacional firmen un compromiso para desistir de todos los juicios cruzados que están en marcha" y aseguró que “fue recibido de manera satisfactoria” por los mandatarios provinciales.
Dujovne y Frigerio acordaron con las provincias.
Además, aseguró que lo que resta "es que cada provincia pueda hacer sus números y ver que no impacta en las cuentas públicas de ninguna jurisdicción".
De esta manera, se está negociando con los gobernadores cubrir "de manera gradual el reclamo de la provincia de Buenos Aires", donde sería la Nación la que "mayoritariamente" se haría cargo del financiamiento y cuando ese acuerdo se concrete "la provincia está dispuesta a retirar ese reclamo en la Corte Suprema", indicó Frigerio en conferencia de prensa.
Vidal y Lorenzetti días atrás.
Justamente esta semana, la gobernadora bonaerense mantuvo una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. La reunión y la posterior foto habían generado comentarios entre el resto de los Gobernadores, ya que temían que un fallo favorable a la provincia que le significara una quita de recursos para el resto de los distritos.
El Fondo de Reparación Histórica del Conurbano fue creado en 1992. A través de él la provincia de Buenos Aires percibía el 10% de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias, pero en 1996, por medio de la Ley 24.621, se estableció el tope de $650 millones anuales. En la crisis del 2001, la depreciación del peso hizo que ese fondo se fuera diluyendo.