15 Mayo de 2017 15:08
Los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y los ex secretarios de Obras Públicas José López y Abel Fatala fueron procesados por fraude a la administración pública por el desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales con la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Hebe de Bonafini, la titular de esa organización, también fue procesada como partícipe necesaria del fraude en contra del Estado por el desvío de más de 200 millones de pesos, según lo resuelto por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi.
Según el juez, el desvío de fondos se produjo durante la ejecución del Plan Federal de Viviendas durante el gobierno anterior a través de la secretaría de Obras Públicas. El ex ministro del área Julio de Vido quedó afuera del procesamiento y se le dictó la falta de mérito.
Para el juez, Schoklender desvió 200 millones de pesos.
"Se consideró probado en el expediente que los hermanos Schoklender, en su calidad de apoderados de la FMPM, tuvieron una activa participación en la gestión y ejecución de las construcciones que se adjudicaran a esa institución, y que con posterioridad, una vez ingresados los montos correspondientes a esas obras en las arcas de la institución, desviaron la suma de $ 206.438.454,04", consignó el Centro de Información Judicial.
Esos fondos fueron canalizados a distintas personas y empresas "a través de cheques y transferencias a sus cuentas bancarias (“Meldorek S.A.” y “Antártica Argentina S.A.”, entre otras), o bien, a través de interpósitas personas y compañías que percibieron valores sin contraprestación alguna relacionada con la actividad propia de la Fundación y, a través de su cobro, imposibilitaron seguir su rastro".
Según el juez el éxito de la maniobra fue posible gracias a la utilización del prestigio y la trayectoria que la “Asociación Madres de Plaza de Mayo” cuenta en el área de la defensa de los Derechos Humanos, y al infiel desempeño de López y Fatala -quienes tenían a cargo la asignación de los recursos del Estado- quienes, amparándose también en la notoria trascendencia de la institución, articularon los mecanismos para que las construcciones de vivienda cuya financiación requerían las jurisdicciones provinciales y municipales fueran adjudicadas en forma directa.
El juez también procesó al ex secretario José López.
Para Martínez de Giorgi, Bonafini fue responsable en tanto se valoró que conocía los desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la Fundación que ella misma había instituido, y que, en esa línea, al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución y autorizando indebidamente la tercerización a la empresa “Meldorek S.A.” de los servicios que habían sido contratados directamente a la Fundación.
Por otra parte, se sometió a proceso a Alejandro Abraham Gotkin, Gustavo Adrián Serventich, José Fernando Caparrós Gómez, Enrique Osvaldo Rodríguez, Hugo Omar Gallardo, Manuel Camet, Daniel Laurenti, Mariano Moncada, Pablo Javier Sette, Adolfo Daniel Bus, Christian Ariel Terdjanian, Emilio Mauro Gutiérrez y Guillermo Alejandro Greppi, por el delito de lavado de activos, en la inteligencia de que las distintas operaciones financieras, inmobiliarias y comerciales acreditadas en la causa y en las que éstos tomaron intervención, tuvieron como finalidad la de dar apariencia lícita al dinero espuriamente obtenido.
Finalmente, se dispuso la falta de mérito de Julio Miguel De Vido y de los funcionarios provinciales y municipales indagados, porque se entendió que existían circunstancias aun no esclarecidas en el expediente que resultaban determinantes para analizar sus situaciones en el proceso.
