La escritora Cielo Latini y el periodista Rolando Graña se conocieron en una nota, se enamoraron, se casaron, tuvieron dos hijos y se pelearon. La separación, como casi todas, fue explosiva.
Ella comenzó a hablar en los medios sobre la problemática separación, aseguró que él había dejado de ver a sus hijas y que no le pasaba el dinero necesario para mantenerlas.
Él replicó que los dichos de su ex eran mentira y que lo estaba amenazando con dar a conocer fotos supuestamente comprometedoras si no accedía a pagar el alquiler y las expensas de un departamento.
El comienzo del texto de procesamiento de Latini.
Por eso, la denunció el año pasado por extorsión. La causa que quedó radicada en el Juzgado de Instrucción N°19, que convocó a Latini a prestar declaración indagatoria.
Finalmente, el juez Diego Slupski le dio razón a Graña en su denuncia contra Latini porque la procesó, sin prisión preventiva, por el delito de chantaje, en grado de tentativa, y mandó a trabar un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 60 mil pesos.
El juez sostuvo que "la imputada, mediante intimidación -amenaza de difundir públicamente videos y chats íntimos y realizar declaraciones comprometedoras de la imagen y honor del damnificado-, pretendió obligar a Graña a la entrega de la suma mensual de $25.000".
La parte resolutiva del procesamiento de Latini.
Pero no es que Graña no le pasara dinero a su ex pareja para mantener a sus hijas. Cuando se separaron, hace tres años, llegaron a un acuerdo privado: él le pasaría 35 mil pesos mensuales para los gastos. Además ella se quedó con 180 mil dólares de ahorros comunesn. Con ese dinero, según Graña, se podría comprar o construir una casa para ella y las chicas.
Por eso ahora se constituye la tentativa de chantaje, por una exigencia mayor de dinero para pagar un alquiler y las expensas de un departamento. Hasta ahora Latini, según dijo, vivía en la casa de sus padres con las niñas.
Cielo y Rolando tuvieron una traumática separación.
"Se configura el delito de chantaje, pues el accionar de la imputada consistió en exigir al damnificado la entrega de dinero, conla advertencia de dar publicidad a hechos, videos y/o chats que vulnerarían su imagen pública y comprometerían su honor, y que guardaban relación con su intimidad", agregó el juez.
"Por otra parte, la figura se presenta en el caso como un delito continuado, en la medida que existe una pluralidad de actos (la multiplicidad de mensajes -de Twitter y telefónicos- de tenor amenazante) que, a pesar de la diversidad material, conforman una unidad delictiva y son dependientes entre sí", agregó el magistrado.