Sospechan de una maniobra de Florencia y Máximo para eludir la inhibición de bienes
Habrían creado un condominio para realizar "servicios inmobiliarios", que fue formalizado ante la AFIP el 1 de enero de 2017. Tiene CUIT y permite facturar.
Habrían creado un condominio para realizar "servicios inmobiliarios", que fue formalizado ante la AFIP el 1 de enero de 2017. Tiene CUIT y permite facturar.
La ex mandataria debió cumplir con un requisito judicial y aprovechó para arremeter contra el gobierno de Macri cuyo mandato calificó de "verdadera decadencia democrática".
Gregorio Dalbón adelantó que demandarán por daños y perjuicios a quienes difundieron las escuchas.
El organismo antilavado asegura que existieron operaciones sospechosas y "llamativas" por más de $100 millones que conformarían un "entramado societario y bancario".
Afirmó que la ex mandataria “es responsable de delitos contra la administración pública” y sumó como partícipe del investigado entramado a Ofelia Wilhelm.
También deberán comparecer Máximo, Florencia, Romina Mercado y los dueños del Grupo Indalo y Austral Construcciones.
Por orden del juez federal se secuestró documentación y se analizaron notebooks y tablets en la productora propiedad de Cristóbal López.
Lo determinó una pericia contable ordenada por la Justicia. Los datos ya fueron entregados a Claudio Bonadio. Los montos son millonarios.
El juez Bonadio solicitó secuestra toda la información relacionada con las empresas que administran las propiedades de Cristina Kirchner.
Lázaro fue procesado y embargado por $33 millones. Pero no es el único: quiénes son los hombres y mujeres del gobierno K que pasan por una situación similar.
La ex presidenta continúa molesta con el "Partido Judicial" por sus dos procesamientos. Las vacaciones de su abogado, Gregorio Dalbón.
Fue tres veces a los Tribunales de Retiro. También declaró como testigo en dos causas históricas y decidió querellar a periodistas, medios y políticos.
Ariel Lijo, quien en febrero del 2015 no tomó la presentación del fallecido fiscal por considerar que no estaba conectada con su investigación sobre el atentado a la AMIA, ahora deberá abrir la causa contra la ex presidenta.