La ex presidenta quiere viajar en mayo a Europa para dar charlas en Grecio, el Parlamento Europeo y la Universidad de Oxford. Pero depende del fiscal Rivolo y del juez con el que peor se lleva.
El juez Ercolini dispuso los procedimientos en edificios de la Procuración y en la PROCELAC (la Procuración contra el lavado de activos). Es en el marco de la investigación por la compra del edificio central del organismo en más de 40 millones de pesos.
La ex presidenta criticó nuevamente al juez federal que la procesó y le recordó que está investigando a una ex jefa de Estado.
El magistrado había desvinculado a la ex Presidente de una denuncia por el alquiler del polémico hotel al empresario Juan Carlos Relats. Ahora vuelve a estar frente a la causa que más la complica.
La ex Presidenta suma tres procesamientos. Pero además está imputada en otras tres causas judiciales. Por el dólar futuro espera ira juicio.
La defensa de la ex Presidente intentará el lunes detener el avance de la causa ante la Cámara Federal. En caso de recibir una respuesta negativa, sus abogados le recomendaron ir a juicio oral.
El fiscal Carlos Rívolo pidió que se investigue a la jefa de los fiscales y a su ex esposo por la adquisición del inmueble histórico donde funciona la Procuraduría General de la Nación. Macri quiere echarla.
Cristina Kirchner, quien supervisa cada presentación judicial, solicitó la testimonial de un director de la máxima autoridad bancaria del país. De qué lo acusa.
El funcionario que anuló la asignación de la investigación al juez Sebastián Casanello es objeto de una investigación interna.
La ex mandataria debió cumplir con un requisito judicial y aprovechó para arremeter contra el gobierno de Macri cuyo mandato calificó de "verdadera decadencia democrática".
También lo hicieron De Vido y Báez, entre otros. Se trata de los procesamientos dictados por el juez Ercolini a fines del año pasado por supuestas irregularidades millonarias en la adjudicación de obra pública.
El ex subsecretario se defendió diciendo que era "un porta apellidos", pero su firma aparece ligada a los negocios de Austral Construcciones con el Estado.
Se trata de 1.345 archivos del Sistema Único Informático para la Gestión Judicial que probarían el direccionamiento de la obra pública al detenido empresario.
